Elba Esther Gordillo Morales, lideresa del mayor sindicato en Latinoamérica y cabeza de uno de los llamados poderes fácticos en México, tuvo que vestir el uniforme caqui característico de las reclusas y esperar de pie durante las más de dos horas que duró su diligencia de declaración preparatoria.

La maestra se mantuvo silenciosa detrás de la rejilla de prácticas de un juzgado en el Reclusorio Oriente, donde fue llevada por las autoridades penitenciarias de Santa Martha Acatitla para cumplir con las obligaciones que le impone el Código Penal Federal a todo imputado.

Tensión de la maestra

En en un ambiente de tensión y visiblemente nerviosa, la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acompañada por dos de sus presuntos cómplices también detenidos, sólo habló para dar sus datos generales, nombrar a sus abogados y solicitar la duplicidad del plazo constitucional, para que sea la noche del próximo lunes cuando el juez Alejandro Caballero Vértiz defina su situación jurídica.

Las autoridades del juzgado le notificaron que además de lavado de dinero enfrenta otro cargo por delincuencia organizada. Ambos delitos alcanzarían una penalidad máxima de 55 años de prisión, en caso de que el juez la encuentre culpable.

Además, los funcionarios judiciales destacaron desde el inicio de la audiencia que ambos delitos son considerados graves por las leyes penales mexicanas, por lo que no tiene derecho a la libertad provisional bajo fianza.

Luego de que Gordillo señalara que no diría nada, el juez Caballero le informó a sus dos coacusados –Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores– que tenían la posibilidad de guardar silencio o rendir su declaración preparatoria. Ambos también optaron por el silencio.

En caso de que la próxima semana se le dicte el auto de formal prisión, Gordillo deberá enfrentar su proceso en la cárcel.

Sin embargo, está latente la posibilidad de que en los próximos dos años –cuando cumpla 70 años de edad– la maestra pueda abandonar la prisión y quedar bajo reclusión domiciliaria, con base en un derecho procesal que permite a los reos en edad senil enfrentar un proceso o cumplir una sentencia en su domicilio particular.

De las dos hijas de Elba Esther Gordillo sólo estuvo presente en el juzgado la menor de ellas, Maricruz Montelongo, quien al final de la audiencia evitó dar declaraciones a los más de 50 representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales que dieron cobertura a la noticia.

De su lado, la número dos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, estuvo presente en la diligencia de declaración preparatoria de la lideresa sindical.

La subprocuradora de la PGR acompañó el pasado martes al titular de esa dependencia, Jesús Murillo Karam, en la conferencia de prensa en que dio a conocer la aprehensión de Gordillo.

Un secretario de acuerdos del juzgado sexto de distrito dio lectura a un reporte resumido de las constancias de autos judiciales en los que la PGR acusa a Gordillo y a otras tres personas de los delitos antes mencionados.

Según la procuraduría, entre marzo de 2009 y enero de 2012 una persona, identificada como Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, realizó 22 transferencias de fondos a la compañía Neiman Marcus por un total de 2 millones 100 mil dólares. Esta mujer ya fue detenida, pero ayer no pudo ser trasladada al juzgado porque tras su captura tuvo que ser hospitalizada por una crisis nerviosa.

Otra persona de nombre Isaías Gallardo Chávez realizó transferencias bancarias internacionales a la misma cadena de tiendas por 900 mil dólares, para pagar la tarjeta 047970004041 a nombre de la lideresa magisterial.

La PGR sostiene que el dinero de los trabajadores del SNTE se ocupó, entre otras cosas, para pagar una tarjeta de crédito de la mencionada cadena de tiendas por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares.

Durante la diligencia, la maestra trastabillaba por instantes detras la rejilla de prácticas. Parecía como si hubiera querido decir mucho, pero cuando volteaba a ver la cara de sus abogados, que le imponían una mueca negativa, terminaba por ahogar sus palabras. Era tanto su nerviosismo que en más de tres ocasiones tuvo que repetir a las autoridades judiciales que necesitaba alimentación y cuidados especiales.

Con la voz entrecortada, Gordillo Morales dijo al juez que necesitaba atención de su médico particular, Jesús Francisco Walliser Duarte, y expuso que no puede comer cualquier cosa. Explicó que tiene 68 años de edad y padece hipertensión arterial, diabetes, problemas derivados de la extirpación de un riñón, además de haber padecido hepatitis viral tipo C desde hace diez años y dos aneurismas saculares en ambas arterias cerebrales medias.

Añadió que padece de un quiste parasagital, atrofia de pared muscular abdominal y de oblicuo mayor en el lado izquierdo; diverticulosis en colon descendente, así como descalcificación moderada en la cadera y lesión en el tobillo derecho. Dijo que de acuerdo con su médico, debe tener una dieta especial e hidratación constante para su adecuado funcionamiento renal.

El abogado Arturo Germán Rangel afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no denunció ante la PGR a Gordillo y que fue esta última dependencia la que le fincó responsabilidad.

En entrevista al término de la declaración, el también ex fiscal del caso Colosio aseguró que la querella que dio lugar a la investigación contra Gordillo Morales fue presentada en contra de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores.

También afirmó que la querella de la Secretaría de Hacienda ante la PGR no fue presentada en diciembre, sino en el presente mes.

Agregó que hasta ahora Elba Esther Gordillo y su defensa legal –de la que también forma parte José Rigoberto González Sánchez– desconocen el monto del lavado de dinero que le imputa la PGR, debido a que el día de ayer el juez Alejandro Caballero Vértiz no le dio acceso total al expediente.