San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de febrero.

Los pobladores choles del ejido Tila, en la zona norte, dieron a conocer que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver el caso de ese territorio y esperan que termine con el despojo y la injusticia que hemos vivido más de 50 años. Exigen la restitución total y respeto cabal de tierras ejidales.

Por fin llegó el momento en que se determinará sobre el respeto de la tierra y el territorio del ejido, expresan los indígenas, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona y miembros del Congreso Nacional Indígena.

La presidencia municipal protegida por el gobierno del estado y con un decreto ilegal de 1980 en sus manos ha vendido y se ha apropiado de nuestras tierras. El amparo dice claro que las tierras pertenecen al ejido y que el decreto es ilegal. Se querían adueñar de 130 hectáreas, 52 que ocupa el poblado de Tila y 78 de trabajaderos y cultivadas. Quieren seguir privatizando y enriqueciéndose, seguir con su corrupción y robo sobre nuestro pueblo. Esa es la raíz de este problema y su injusticia.

Los ejidatarios puntualizan: Quienes hacen toda esta maldad y robo son la gente del grupo paramilitar Paz y Justicia, quienes hicieron tanta violencia y matanza en Tila y otros municipios por sus planes del gobierno federal contra el EZLN (1995-1998). No sólo viven en impunidad, sino que tienen acaparados los partidos políticos, el ayuntamiento y otras dependencias de gobierno y en la presidencia tienen contratados ex soldados que son espías.

La administración municipal representa la mentira y la falsedad, cuando argumenta “que no puede entregar las tierras porque ya las vendieron ilegalmente, y que si la SCJN nos devuelve las tierras, ‘como somos indígenas destruiremos las casas, correremos a los pobladores y se va a generar conflicto social’. Mienten, para que la corte no restituya plenamente las tierras. Mienten, porque mayormente quienes viven en el poblado son nuestras propias familias, aunque también hay gente que ha llegado de fuera”.

Ahora se va a determinar sobre que no quieren cumplir el amparo de 1982, que ganamos en 2008, contra el decreto expropiatorio de 1980; un segundo intento de despojo, porque su primer intento fue en 1966 que quisieron modificar nuestro plano (determinado en 1961).

“Los choles fundamos el poblado de Tila. Esta tierra pertenece legítimamente a nuestro pueblo; desde tiempos inmemoriales era habitado por nuestros abuelos y abuelas. Antes que existiera esto como territorio mexicano. Sufrimos la colonización, la invasión y la dominación. Vimos nacer este país y ser despojados y explotados por las fincas a finales de mil 800 por culpa del mal gobierno que entregó nuestras tierras a empresarios extranjeros.

Gracias a la revolución de Emiliano Zapata logramos legalizar nuestras tierras, porque los dueños de las fincas salieron huyendo. Nuestra resolución presidencial de 1934 dice claro que de por sí estábamos en posesión de las tierras, que no fue dotación, sino reconocimiento de la posesión.

Los indígenas han confirmado con acta de asamblea que les reconocen derecho a todos, indígenas y no indígenas, como pobladores, sólo que es sobre propiedad ejidal que viven, y no privada como ha engañado por años el ayuntamiento. La asamblea general ha administrado estas tierras por medio de nuestros usos y costumbres; hemos dado permiso y donado tierra para escuelas y servicios; administramos el parque central, el panteón, el agua, el comercio, las fiestas y cuidamos los sitios sagrados.

La SCJN demostrará si su fallo va en favor de la ilegalidad y la impunidad, o si ordena la plena devolución de las tierras al ejido y respeta la Ley Agraria, nuestro amparo y los tratados internacionales en la materia.