Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) y de la Procuraduría General de la República (PGR), así como representantes de la sociedad civil, definieron las reglas de operación del fideicomiso para protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

A partir de hoy está listo el entramado financiero y operativo para asegurar la atención emergente para comunicadores y defensores de garantías básicas que soliciten el apoyo federal cuando esté en peligro su integridad física.

Los apoyos pueden consistir en custodia personal, dotación de videocámaras en sus domicilios, sistemas de comunicación e incluso la dotación de chalecos antibalas. Para casos más severos se prevé apoyo para el cambio inmediato de residencia, ya sea de ciudad e incluso de país. Hasta ahora no se ha dado a conocer un reporte oficial del número de personas que actualmente tienen este apoyo, aunque desde el sexenio pasado, en el arranque del mecanismo, se dijo que eran 11 las amparadas.

Con la presencia del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, y su contraparte de Gobernación, Lía Limón, se realizó la segunda reunión ordinaria 2013 de la Junta de Gobierno de este mecanismo de protección.

Entre los resolutivos se acordó que en el comité técnico de esta instancia (responsable de determinar el grado de apoyo a un agraviado y de verificar que las medidas sean efectivas) habrá un representante de la sociedad civil, en calidad de observador.

Este paso es importante porque no había reglas (para la operación del fideicomiso) y, por tanto, no se podían usar esos recursos, así que de ahora en adelante deberá haber recursos suficientes y disponibles para las medidas de protección, informó Édgar Cortez, defensor de los derechos humanos, integrante de la Junta de Gobierno en mención.

También se autorizó revisar los perfiles de los funcionarios que colaboran en el mecanismo y, adicionalmente, estudiar las formas de coordinación federal con otros apoyos semejantes en las entidades federativas.

Por esta razón asistió también al encuentro, realizado en Bucareli, Juan José García Ochoa, subsecretario jurídico y de derechos humanos del Distrito Federal.

El fideicomiso del mecanismo tiene autorizados 41 millones de pesos, anunciado desde 2012, mientras que para este año cuenta con 129 millones, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El comité técnico está integrado por las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, así como la PGR, además de un representante de la sociedad civil, ya sea periodista o defensor.