n las semanas recientes se ha incrementado la violencia en contra de los pueblos que rechazan la imposición de un nuevo parque eólico en las tierras de los ikojts y binizaa, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La asamblea de estos pueblos, sin embargo, ha decidido resistir. La empresa española Mareña Renovables, responsable del proyecto, no entrará a este territorio, acordaron los pobladores.

En contra del derecho fundamental a la consulta, el gobierno estatal está promoviendo un mecanismo que nada tiene que ver con lo que piensen y decidan los pueblos, sino que, señalan desde el istmo, es una estrategia para desacreditar y dividir a los habitantes que se oponen a la multinacional.

Rodrigo Peñaloza, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio, y uno de los dirigentes de la lucha más amenazados por los grupos de choque, explica que la consulta promovida por el gobierno es parte de su estrategia para intentar nuevamente imponer el proyecto y manipular a la población. Los opositores son mayoría y exigen una verdadera consulta, libre e informada, desde 2004, pero no se ha concretado porque, sin duda, los resultados contradicen los intereses de la empresa.

Desde hace más de una década el gobierno de Oaxaca creó una suerte de “ cártel eólico” y otorgó concesiones ilegales a empresas, sobre todo de capital español, como Iberdrola, Preneal y Unión Fenosa. El viento es lo que está en disputa: “Este viento es parte de nuestra cultura, tradiciones y espiritualidad, pero para estas empresas es simplemente una fuente de riqueza, proveniente tanto de la venta de electricidad eólica como de la venta de bonos de carbono, y el acceso a otros mecanismos financieros de la mal llamada economía verde”, denuncian.

La electricidad que se produce en los parques eólicos está dirigida sobre todo para grandes empresas, como Walmart, FEMSA, Heineken, Cemex y Bimbo. Los pobladores advierten en su denuncia pública que las compañías tienen electricidad a bajo costo, mientras que las comunidades pagan tarifas exorbitantes y sufren la persecución judicial cuando no pueden pagarla.

La alerta en estos momentos es por el incremento de la represión, que se recrudeció desde noviembre de 2012, cuando la empresa entró para instalarse en la barra Santa Teresa, acompañada por la policía, que comenzó a controlar el acceso de los habitantes a su tierra. Hoy también hay grupos de pistoleros que se presentan en las asambleas con lista en mano, buscando a activistas. En las listas figuran los nombres de Carlos Beas, Bettina Cruz, Mariano López Gómez, Alejandro López López y Rodrigo Peñaloza, entre otros, todos ellos decididos a resistir.

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