l doctor Arnaldo Córdoba ha sostenido en artículos publicados en La Jornada su respetable convicción de que el DF debe ser un estado más de la Federación; otros, entre los que me incluyo, pensamos que esa entidad no puede ni debe ser un estado, como lo pretendía hace tiempo el PAN y luego partidos de la izquierda.

He presentado, también en colaboraciones a La Jornada, argumentos en favor de que la ciudad de México no sea un estado como los 31 que ahora integran el pacto federal, y simple y llanamente sea la capital de la República, la ciudad de todos y la sede de los poderes de la unión, con derechos plenos de carácter político para sus ciudadanos.

Sostengo, no alternativamente sino en forma constante, desde hace al menos 20 años, que en la ciudad capital los habitantes deben participar en la elección de los poderes federales y además elegir sus poderes locales; y que deberán suprimirse las tres limitaciones que sujetan a las autoridades locales a decisiones federales.

Estas tres limitaciones son: la aprobación por el Congreso del techo de endeudamiento del gobierno capitalino; la designación por el Ejecutivo federal del secretario de Seguridad Pública y la necesidad de la conformidad presidencial con el nombramiento que haga el jefe de gobierno del procurador de justicia.

A este debate, de índole constitucional y centrado en el concepto de federación y en la definición de soberanía, Córdoba agregó un ingrediente nuevo, no jurídico, político y francamente subjetivo. En su artículo de 24 de febrero, Ambigüedad en torno a la ciudad, afirma que se ha podido apreciar que el acercamiento que el GDF (Gobierno del Distrito Federal) hace con Peña Nieto, se da usando como moneda de cambio la idea de que el Distrito Federal no debe ser una nueva entidad, sino sencillamente, una ciudad capital, agrega que esta propuesta está muy cerca de la presentada por la priísta María de los Ángeles Moreno.

No repetiré argumentos expuestos en colaboraciones anteriores, pero sí haré algunas precisiones; nadie ha dicho ni insinuado ni sugerido que el DF deje de ser una entidad, para convertirse sencillamente en una ciudad capital; el DF es parte integrante de la federación, según lo dispone el artículo 43 constitucional, del que se deriva su naturaleza de entidad integrante de la unión con personalidad jurídica propia y distinta a los estados.

Es una entidad de la federación y el nombre, Distrito Federal, ciudad de México u otro, es lo de menos; el punto importante para los estudiosos del sistema federal es saber si conserva su status de entidad diferente a los estados o bien, como se ha pretendido desde hace algún tiempo, se incorpora a la lista de estos.

Lo que no tiene cabida en el debate, es la sospecha de que en el acercamiento del gobierno del DF con Peña Nieto se usa como moneda de cambio la definición de la naturaleza constitucional de la entidad. La cercanía con el titular del Ejecutivo federal, que tampoco a mí me gusta, tiene quizás, razones prácticas de convivencia y necesaria colaboración en algunos renglones, nada que ver con la reforma del Distrito Federal.

En puntos más trascendentales, el jefe de Gobierno marcó su distancia; declaró estar absolutamente en contra de la privatización de Pemex y manifestó opinión contraria a incrementos al IVA. Por su parte; la Secretaría de Desarrollo Social destacó la importancia de los programas sociales en el combate a la delincuencia.

No formo parte de los círculos próximos al jefe de gobierno ni he hablado con él desde semanas antes de que asumió su cargo, no soy colaborador de su gobierno ni aspiro a serlo, sólo sostengo lo que he defendido primero de los panistas que inventaron el estribillo estado 32 y luego de quienes, desde la izquierda se sumaron a la idea. Por ahora repruebo la ambigüedad que significa trasladar un debate jurídico a uno de sospechas y conjeturas políticas. El gobierno del DF tiene la palabra.