La presentación de un sinfín de iniciativas de ley, muchas de ellas sin real sustento e incluso intrascendentes, ha originado que el rezago sea cada vez mayor en el Senado, a tal grado que para sacar los pendientes, tendrían que aprobar 98 reformas en cada una de las ocho sesiones que que restan al período ordinario actual.

Ello debido a que hay un total de 784 iniciativas por desahogar, independientemente de las 231 minutas, es decir de las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados y remitidas al Senado para su revisión. No está incluida la Ley Federal de Telecomunicaciones, próxima a llegar a la sede de Reforma e Insurgentes.

De acuerdo con legisladores, el problema se origina en el muy particular sistema parlamentario mexicano, que permite la presentación de todo tipo de iniciativas a senadores y diputados sin ningún requisito previo, como ocurre en congresos de otras naciones en que se necesita, por ejemplo, que tengan el consenso del grupo parlamentario.

Del rezago actual, casi un tercio se refiere a reformas a la Constitución. Hay 241 propuestas para modificar la Carta Magna, 113 heredadas de las dos anteriores legislaturas y 28 presentadas de septiembre de 2012 a la fecha. Buena parte de ellas son improcedentes o perdieron vigencia.

La Comisión de Puntos Constitucionales comenzó a desechar algunas de ellas. En la sesión del pasado jueves 21, se votaron tres en sentido negativo, de senadores del PRI, PAN y PRD, presentadas en la legislatura en funciones. Una de ellas, del senador priísta Arturo Zamora –actualmente con licencia–, que proponía reformar el artículo 8 de la ley suprema del país para establecer un plazo de 15 días hábiles a la autoridad, a fin de responder a peticiones de los ciudadanos.

Los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos la consideraron improcedente. Igualmente desecharon la iniciativa de la senadora del PAN Laura Angélica Rojas presentada en noviembre del año pasado, que pretendía adicionar el artículo 71 a fin de precisar el plazo al Congreso para dictaminar las iniciativas preferentes. Las dictaminadoras concluyeron que tal cambio debe hacerse a nivel de legislación secundaria, no de la Carta Magna.

También se votó en contra la modificación al artículo 95, para establecer que no puede ser electo ministro de la Suprema Corte quien haya sido magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el año previo al día de su nombramiento.

Era una iniciativa de Benjamín Robles Montoya y otros perredistas, presentada en septiembre del año pasado, que se desechó por considerar las dictaminadoras que deriva en una restricción que no resulta admisible dentro del ámbito constitucional del país.

Un ejemplo de que algunos legisladores presentan iniciativas tan sólo para demostrar que son productivos es el del llamado Niño verde, Jorge Emilio González, quien a raíz del escándalo en que se vio envuelto por manejar en estado de ebriedad y ser remitido a las instalaciones conocidas como El Torito, ha presentado tres iniciativas en materia ecológica.

La más reciente, del pasado día 20, propone reformas a la Ley General de Vida Silvestre, con el propósito de adoptar trato digno y respetuoso a ejemplares de flora y fauna para disminuir tensión, sufrimiento, traumatismo o dolor durante su confinamiento, traslado, exhibición o adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento.

Entre las iniciativas pendientes hay 14 presidenciales, 13 que no se dictaminaron en el gobierno de Felipe Calderón, dos de ellas remitidas al Senado en el último mes de su sexenio, una para avanzar en la privatización del ejido y otra para cambiar el nombre oficial al país. El senador perredista Alejandro Encinas consideró que deben desecharse.