En México, las mujeres padecen mayor exclusión frente al acceso a los nutrientes fundamentales: 71.9 por ciento presenta desnutrición y obesidad, en comparación con 66.7 por ciento de los varones.

Lo anterior se indica en el documento Igualdad para las mujeres: garantía de acceso a todos sus derechos humanos, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, que cita el Conapred, 11.4 de cada cien mil mujeres fallecen por desnutrición.

Otra principal causa de mortalidad entre mujeres es la diabetes, atribuida a una inadecuada alimentación. Según cifras de 2011, 16.8 por ciento de las defunciones del género son por la diabetes y se observa una tendencia creciente en el país.

Dentro de la población femenina son las indígenas las que presentan los mayores niveles de exclusión a una alimentación balanceada.

Datos del investigador Emanuel Gómez constatan que las entidades de mayor diversidad biológica registran altos grados de desnutrición.

En Chiapas, hasta 47 por ciento de la población se encuentra en pobreza alimentaria; en Guerrero, 42 por ciento; en Oaxaca, alrededor de 38 por ciento.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006), la prevalencia de desnutrición crónica de indígenas menores de cinco años es mayor que la de los no indígenas: 32.2 contra 10.6 por ciento en el país.

Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006) se advierte que los municipios con mayores condiciones de riesgo nutricional coinciden con los que tienen mayor porcentaje de población indígena.

El Conapred refiere que son diversas las razones por las cuales las mujeres se encuentran excluidas del derecho a tener una alimentación balanceada. Desde cuestiones culturales hasta sociales y económicas influyen en que las mujeres tengan una deficiente alimentación.

En el ámbito cultural todavía en gran parte de las comunidades marginadas del país se mantiene el prejuicio de que los hombres deben estar mejor alimentados que la mujer.

Asimismo, y con mayor prevalencia en las regiones indígenas, reciben menos ingresos por la realización de sus labores, e incluso ningún pago.

Otro factor que incide en la pobreza alimentaria en las comunidades rurales e indígenas es que, a causa de planes de infraestructura (carreteras, presas y otros), son despojados de sus tierras y recursos naturales.

El Conapred asegura que es necesario incorporar medidas que aseguren a las mujeres, en condiciones de igualdad, el acceso a un empleo digno y, en el caso de las indígenas, a sus recursos naturales.

Destaca también como prioritario el diseño de políticas públicas que tengan como objetivo central el abatimiento de la anemia que golpea a las y los indígenas mexicanos.

También las mujeres, niñas y niños y personas adultas mayores –indica– tienen que ser sujetos prioritarios de un esfuerzo mayor en materia de política nutricional.

El Estado tiene la obligación de diseñar acciones más contundentes para erradicar la discriminación estructural contra las mujeres que provoca que generalmente sean las más afectadas en todos sus derechos, consigna el Conapred en el referido estudio.