aúl Díaz Peña es un terrorista venezolano. Enemigo del gobierno de Hugo Chávez, en 2003 colocó bombas contra la embajada de España y el consulado de Colombia. Preso, fue sentenciado a nueve años de cárcel. En 2010, después de cumplir una condena de cuatro años y cinco meses, fue trasladado a régimen de prisión abierta. Clandestinamente se fugó del país y pidió asilo político en Estados Unidos. En octubre de 2012 se le concedió.

Raúl Díaz se dijo perseguido político y presentó una demanda contra el gobierno de su país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con una rapidez inusitada, ausente en casos como el de la masacre de Acteal, el organismo le dio la razón y condenó al Estado de Venezuela por violación al derecho a la integridad regional.

El caso Díaz fue la gota que derramó el vaso. La corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cometido una larga serie de tropiezos en su relación con ese país. Por ejemplo, la comisión aplaudió el golpe militar contra el presidente democráticamente electo.

Ante el resolutivo de la Corte por el caso Raúl Díaz, el presidente Hugo Chávez dijo que organismos como la nefasta, podrida y degenerada Corte Interamericana de Derechos Humanos deben desaparecer, por no estar a la altura del mundo nuevo, al tiempo que ratificó su retirada de los organismos judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El pasado 22 de marzo, el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, afirmó ante la Asamblea General de la organización que Venezuela se declara en rebeldía contra un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) corrupto y pusilánime.

Son muchos los gobiernos de la región, sobre todo los progresistas, que han externado fuertes críticas al sistema. El presidente de Bolivia, Evo Morales, equiparó a la CIDH con una base militar de Estados Unidos, en este caso dirigida a juzgar a otros países, y la acusó de estar al servicio de la derecha pro capitalista y pro imperialista. El mandatario de Ecuador, Rafael Correa, señaló que la CIDH no menciona el bloqueo a Cuba; hay capítulos dedicados a Argentina, Ecuador y Bolivia, pero ninguno a Estados Unidos. El bloqueo criminal a Cuba ni siquiera aparece en sus informes anuales.

Ese malestar se expresó abiertamente en la última Asamblea General Extraordinaria de la OEA, el pasado 22 de marzo. Después de muchas quejas, la reunión convalidó, sin consenso y con graves ausencias, el proceso de reforma al sistema interamericano de derechos humanos, al adoptar una controvertida resolución que dejó abierto el debate sobre su fortalecimiento.

Entre otras muchas críticas, diversos países cuestionan que la polémica Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sea financiada, en buena parte de su funcionamiento, por organismos y fundaciones privados, con una agenda claramente intervencionista contra los gobiernos progresistas de la región. Se sabe que el que paga manda, y consideran inadmisible la injerencia de actores privados sobre poderes soberanos.

Diferente es la perspectiva del organismo desde México. Como explica Magdalena Gómez (El sinuoso camino de la justicia en México), nuestro país aceptó la competencia de la CIDH en 1981 para conocer de quejas y denuncias de derechos humanos. En 1988, el Senado reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de las sentencias relevantes de ese organismo fueron dictadas a partir de 2001. Muchos casos tardan 10 años en promedio en solucionarse.

Dos mexicanos dirigen la CIDH. José de Jesús Orozco Henríquez es su presidente y Emilio Álvarez Icaza su secretario general. El gobierno mexicano busca la relección de Orozco para el periodo 2014-2017.

Entre 1995 y 2005 se presentaron ante la CIDH 556 peticiones contra México. Sólo 48 se abrieron a trámite. El organismo emitió 91 medidas cautelares, de las cuales 31 han sido dictadas de manera directa.

Resoluciones de la corte como las de los ecologistas guerrerenses Teodoro Cabrera Rodolfo Montiel, la del campo algodonero, la de desaparición forzada de Rosendo Radilla y la de la violación de mujeres indígenas en Guerrero por elementos del Ejército han tenido un impacto relevante en la administración de la justicia en México. El organismo condenó la utilización del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos y precipitó varias reformas legales dentro del país.

Las ONG de derechos humanos mexicanas han realizado un trabajo admirable en la lucha por la justicia y contra la arbitrariedad y la impunidad. Aunque algunas han resbalado en temas como el de la Iniciativa Mérida y el financiamiento de la NED, su labor en pro de la defensa de los derechos humanos en México ha sido muy relevante.

Buen número de estas ONG tienen en alta estima a la CIDH. De hecho acompañan a las víctimas en sus demandas en el organismo en diversos casos que no fueron solucionados dentro del país. En México, muchas víctimas ven al organismo como un sistema de justicia alterna y piensan en presentar sus casos.

La mayoría de las ONG de derechos humanos han sido insensibles a los reclamos de otros países latinoamericanos contra la parcialidad y sesgo de la CIDH. Más aún, se han sumado al reclamo de fortalecer el organismo que se promovió en respuesta a las críticas y las demandas de restructuración.

El discurso de los derechos humanos no es neutro ni está por arriba del mundo de la política. En su nombre se legitimó la lucha contra Augusto Pinochet en Chile y la movilización de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Y, simultáneamente, bajo su bandera, Estados Unidos invadió Irak y justifica su intervencionismo imperial.

Este desencuentro sobre la CIDH y la corte entre el movimiento por lo derechos humanos en México y los procesos de transformación en varios países del continente es, por decir lo menos, lamentable. Cuando menos, requiere de un buen debate.