Al promulgar la nueva Ley de Amparo, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que todas las autoridades del país están llamadas a hacer de la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos una práctica efectiva de su quehacer cotidiano. Además, identificó a esta nueva ley como ‘‘un mérito’’ de todo el Estado mexicano.

‘‘Es una muestra más de que México se está transformando para contar con más y mejores instituciones que nos permitan consolidar el estado constitucional y democrático de derecho que todos anhelamos’’, dijo.

Mientras tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Juan N. Silva Meza, convocó a todos los jueces federales a hacer valer el nuevo régimen ‘‘sin regateos, sin titubeos y en beneficio de la sociedad’’. Incluso, señaló que el Poder Judicial de la Federación nunca obstaculizará la consideración del México de los derechos.

En el acto, realizado en el Salón de Recepciones de Palacio Nacional, participaron los representantes de los tres Poderes de la Unión, quienes destacaron la trascendencia de la nueva legislación, ‘‘que no es una más entre otras’’ y que moderniza la figura del amparo, surgida en la Constitución yucateca de 1841.

En su intervención, y ante representantes del resto de los poderes, el presidente Peña Nieto hizo un recuento rápido sobre el contenido y los principales avances de esta normativa. Dijo que con esta nueva ley se amplía la esfera de protección a los derechos humanos, se eleva la eficacia de la justicia y se fortalece al Poder Judicial de la Federación, en particular a la Suprema Corte de Justicia.

Destacó que éste es uno de los avances legislativos más relevantes de los últimos años, porque moderniza y vuelve a poner a la vanguardia una de las figuras jurídicas más prestigiadas de México, el amparo, identificado como el principal instrumento de defensa de los derechos que tienen las personas para protegerse de los actos de la autoridad.

Sin embargo, Peña Nieto advirtió que la sola modernización de la ley no garantiza el éxito de su aplicación, sino ahora toca a los integrantes del Poder Judicial, a los litigantes y estudiosos del derecho lograr que el juicio de amparo se convierta en un derecho al alcance de todos los mexicanos.

En su oportunidad, el ministro Silva Meza señaló que los jueces federales conforman ‘‘la última línea de defensa de los derechos humanos’’, y en esa obligación ‘‘se actuará con prudencia, con equilibrio, sin desbordamientos, sin avalar regresiones ni desviaciones respecto de la nueva norma’’.

En realidad, se trata de la ley secundaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que fueron reformados en junio de 2011, pero que apenas hace unos días fue aprobada en el Congreso de la Unión después de un largo proceso legislativo.

Por ello, el mismo ministro Silva Meza recordó que el Poder Judicial había exhortado ‘‘respetuosamente’’ a los otros poderes a concluir el proceso.

A este hecho también se refirió el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), quien incluso admitió que los legisladores analizaron con ‘‘prisa’’ dicha reforma. ‘‘Los legisladores no nos podemos dar el lujo, ni por protagonismos ni por la mezquindad de una renta partidista, ni mucho menos por obstruir, de detener las reformas que están en ciernes’’, señaló, pese a que esta ley debió estar lista desde 2011.

Por su parte, el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN), explicó que con esta ley los ciudadanos podrán interponer recursos de amparo cuando consideren que han sido violentados sus derechos humanos, no sólo de acuerdo con la Constitución, sino también tomando en cuenta los derechos garantizados en los tratados internacionales ratificados por México.

Esta normativa también reglamenta la figura de amparo por omisión de autoridad. Esto quiere decir que se podrán interponer juicios de amparo no sólo contra actos de autoridades que violen los derechos humanos, sino también cuando la violación sea producto de la falta de acción. Así, se brinda a los ciudadanos una manera de exigir sus derechos cuando los servidores públicos no cumplan cabalmente con su responsabilidad.

Además, la nueva ley permite que la protección de los juicios de amparo beneficie a toda la sociedad, porque reglamenta las declaraciones generales de inconstitucionalidad. Éstas abren la posibilidad de que, cuando una norma general sea señalada como inconstitucional a partir de juicios de amparo, deje de aplicarse con efectos generales.