La Cámara de Diputados decidió dar un ultimátum a las 27 comisiones especiales aprobadas desde diciembre a integrarse y trabajar, o serán desaparecidas.

No obstante, el plazo para su integración fue fijado para el 30 de abril, debido a que la Junta de Coordinación Política no cuenta con una lista de comisiones especiales que ya se han instalado.

También, la Junta de Coordinación aprobó integrar, a más tardar el jueves, la comisión especial que investigará los permisos para operar casinos otorgados por la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, explicó que dicho grupo de trabajo no se ha integrado porque prevalece un desacuerdo entre los partidos sobre quién la presidirá.

Ayer, La Jornada publicó que las 27 comisiones especiales y las 11 nuevas comisiones ordinarias aprobadas por el pleno de la Cámara no tienen materia de trabajo porque no han recibido iniciativas, ni siquiera de sus integrantes, a pesar de que su operación costará casi 300 millones de pesos a lo largo de la 62 Legislatura.

Durante la sesión de este lunes de la Junta de Coordinación Política, los grupos parlamentarios acordaron integrar, la próxima semana, un padrón de las comisiones especiales que no se han instalado para exhortarlas a constituirse.

El vicecordinador de Acción Nacional, Jorge Villalobos, rechazó que el plazo definido para las comisiones especiales sea laxo, a pesar de que la Cámara aprobó esas instancias legislativas desde el 21 de diciembre.

La decisión, dijo, permitirá que la cámara termine el periodo de sesiones ordinarias sin una regulación estricta de cuáles ya están en funcionamiento, así como qué diputados son sus integrantes.

Asimismo, respecto de las 11 comisiones ordinarias que no han recibido iniciativas y no funcionan por falta de materia, Villalobos acotó que cada una tiene la obligación de elaborar informes de actividades, que son remitidos a la secretaría general, por lo que no hay que prejuzgar si trabajan o no.

El gasto en cada comisión ordinaria es de 4.4 millones de pesos al año, que incluye automóvil, chofer, secretario técnico, asesores, teléfono celular y vales de despensa para el presidente, mientras el cálculo del subsidio a las especiales es de 1.7 millones, porque sólo se les autoriza un secretario técnico, un menor saldo de telefonía móvil y de vales de despensa.

En su edición de ayer, este diario informó que en los primeros seis meses de la Legislatura, y a un mes de que termine el segundo periodo ordinario de sesiones, seis de las 11 nuevas comisiones ordinarias no han recibido iniciativas y, por lo tanto, no han presentado dictámenes al pleno.

Esas comisiones son Agua Potable y Saneamiento, que preside Kamel Athie Flores (PRI), ex cordinador de asesores del gobernador de Chihuahua, César Duarte; Asuntos de la Frontera Norte, que encabeza Jaime Bonilla (PT); Asuntos Frontera Sur-Sureste, que está a cargo de Eduardo Ramírez Aguilar (PVEM); Cambio Climático, presidida por Antonio Sampayo (PAN); Ganadería, que dirige Salvador Barajas del Toro (PRI), e Infraestructura, en manos de Alberto Curi Naime, ex secretario de Educación del estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en la entidad.