La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prepara una serie de denuncias penales que presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de por lo menos una treintena de personas físicas y morales, principalmente comerciantes y empresarios de diversas ramas de la economía, por supuestas conductas ilícitas relacionadas con operaciones bancarias inusuales, lo que podría configurar el delito de lavado de dinero, revelaron a La Jornada fuentes gubernamentales.

Los funcionarios consultados no proporcionaron los nombres de las personas sujetas a investigación en la UIF, aunque sí precisaron que no todas estas pesquisas están relacionadas con casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas de actividades del crimen organizado.

Desde enero pasado, esa unidad especializada de la SHCP, que encabeza el abogado penalista y ex procurador del estado de México Alberto Bazbaz Sacal, trabaja de manera conjunta con la Coordinación General de Información y Análisis Financiero (CGIAF) de la PGR, instancia de reciente creación que se ha convertido en el eje de las investigaciones fiscales, financieras y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como las que llevaron a prisión a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, creó el pasado 20 de diciembre la CGIAF, y nombró al frente de ella a Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, ex colaborador del hoy ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuando éste se desempeñó como director general del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A decir de las fuentes consultadas, la UIF ha recibido en los cuatro meses recientes al menos 450 reportes de operaciones bancarias inusuales, en su mayoría por depósitos bancarios que superan los 100 mil pesos, o por pagos a tarjetas de crédito también por cantidades altas.

En entrevista con este diario, el abogado Martín Ocaña Linares, experto en derecho fiscal, explicó que no falta quien, por ignorancia o negligencia, incurre en conductas delictivas, principalmente en evasión fiscal, o en operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que, contrario a lo que muchas personas creen, el lavado de dinero no sólo implica que el imputado pertenezca a la delincuencia organizada.

Basta con realizar depósitos o transferencias bancarias por cantidades inusitadas para incurrir en alguna de las hipótesis que establece el artículo 400 bis del Código Penal Federal, ya que esta acción puede implicar transferencias de recursos no declarados ante Hacienda, y este tipo de transacciones colocan al usuario de servicios financieros ante una de las hipótesis de lavado de dinero, expuso el litigante.

De su lado, el doctor en derecho Jesús Alberto Guerrero Rojas sostuvo que la UIF no debe enfocarse exclusivamente a los pequeños lavadores de dinero, pues también está obligada a fiscalizar las acciones de las grandes empresas corporativas, así como de políticos y servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

La complicidad por omisión del Estado mexicano es clara tratándose de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues los actos que cometen los dueños de los bancos apenas es sancionada de forma ridícula por la ley federal en esa materia y por la Ley Federal de Instituciones de Crédito, destacó el jurista.

Añadió que es cuestionable que tratándose de diversos sujetos, ajenos a los poderosos empresarios dueños de los bancos, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita sí prevé la revocación de permisos, patentes, licencias, que afectan por ejemplo a notarios y corredores públicos, así como a todo tipo de comerciantes, mas no a las cúpulas empresariales que dominan a las instituciones financieras y bancarias del país.