El Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) y el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) advirtieron que la reforma en telecomunicaciones debe dejar claro el papel del Estado mexicano, ya que elevar a rango constitucional las propuestas hará rígido a un sector que necesita ser ‘‘flexible’’ para tomar decisiones en materia de tecnologías e inversión.

Señalaron que en la reforma no se debe dejar en manos de Telecomunicaciones de México la administración de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el espectro de la banda de 700 megahercios que servirá para servicios de telecomunicaciones móviles y banda ancha, por tratarse de una paraestatal inexperta.

El área de telecomunicaciones del Cide se opone también a que el instituto federal de telecomunicaciones (Ifetel) se cree como un organismo autónomo constitucional, porque ‘‘podría minar la capacidad de articular una estretagia integral digital’’ con entidades del propio gobierno.

Destacó que es contradictorio que el Ifetel, como organismo autónomo, tenga que ceñirse al Plan Nacional de Desarrollo para determinar la asignación y uso del espectro, por lo que en la reforma que el Senado analiza deben hacerse precisiones que no den lugar a confusiones o contradicciones que entorpezcan el desarrollo del sector telecomunicaciones y de radiodifusión.