A casi un año de la aprobación de la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, en el país sigue existiendo un clima de violencia contra ambos sectores, muchas veces con la ayuda de medios informativos que descalifican su labor, denunció la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

La organización –que reúne a más de 70 colectivos de todo el país– denunció en un comunicado que el gobierno mexicano ha incumplido su obligación de proteger a quienes se dedican a la promoción de los derechos humanos.

Una muestra de ello, indicó la red, es que en los primeros tres meses del año han ocurrido diversos actos de hostigamiento en contra de activistas, tolerados o propiciados por las mismas autoridades, entre ellos la detención de Mariano López Gómez, integrante de la Asamblea del Pueblo Juchiteco –quien fue liberado unos días después–, y el allanamiento de las oficinas del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, en Oaxaca.

De igual manera, fue atacada la sede del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en el estado de Chihuahua, y continúan las amenazas contra fray Tomás González, director del albergue para indocumentados La 72, y Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, por proteger a quienes atraviesan el territorio mexicano sin documentos migratorios.

Todo ello ocurre, enfatizó el organismo, en el contexto de una campaña de difamación emprendida contra los defensores de derechos humanos a través de varios medios informativos, quienes distorsionan la labor de los activistas y generan un clima de confrontación social.

Como ejemplo de lo anterior, la red indicó que el colectivo Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) ha sido responsabilizado en algunos medios de alejar la inversión extranjera, generar pérdidas millonarias y causar violencia, por el hecho de asesorar a los grupos que se oponen a diversos proyectos mineros que violan las leyes nacionales.

Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos estamos en nuestro derecho al señalar y denunciar violaciones de cualquier índole, independientemente de los intereses que estén en juego. Las organizaciones firmantes, así como las contrapartes con las que colaboramos de manera cotidiana, trabajamos en estricto apego a derecho, enfatizó la red.