Madrid, 7 de abril.

Aunque en la mayoría de los países desarrollados existe una legislación que regula el funcionamiento de los grupos de presión, ocurre que España es el único país que carece de una ley de transparencia, al igual que Bielorrusia, aunque estas leyes no siempre ofrecen la información esperada por los ciudadanos.

El financiamiento de los partidos españoles sigue siendo opaco, a pesar de algunas reformas. El Consejo de Europa y la ONG Transparencia Internacional han recomendado en repetidas ocasiones que España refuerce el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para que pueda controlarlos mejor.

El Tribunal de Cuentas, órgano poco conocido que audita el gasto de las instituciones públicas, atrajo la atención cuando el escándalo de corrupción por el caso Gürtel se extendió al Partido Popular (PP), en el poder en España, por los papeles atribuidos a su antiguo tesorero.

Esa institución independiente, que tiene un presupuesto anual de 61 millones de euros y 800 trabajadores, debería arrojar luz sobre acusaciones de supuestas donaciones y sobresueldos irregulares en el PP, pero se ha visto que le falta garra. Sólo con el refuerzo de su personal en 2012 podrá ponerse al día este año con las auditorías de las cuentas de los partidos, que acumulan un retraso de cuatro ejercicios, de manera que hasta se podría suponer que las posibles irregularidades hayan prescrito.

El funcionamiento decepcionante del tribunal, la frustración por retrasos hasta de 14 años en juzgar casos de corrupción y varios escándalos que han afectado tanto al PP como al Partido Socialista y al principal grupo político catalán, Convergència i Uniò, han mostrado la debilidad de las instituciones.

“Hoy, cuando un inversionista busca un lugar para sus capitales se fija en la calidad institucional del país. España carece al menos de dos de los benchmark (puntos de referencia) habituales: una ley de transparencia y un órgano de estabilidad fiscal”, indicó John Muller, director adjunto del diario El Mundo.

Las posibles consecuencias de lo que Muller llama déficit institucional son un deterioro del clima de inversión empresarial, o incluso una fragmentación del gobierno al estilo italiano, al aumentar la división política.

Desde que empezó la crisis económica ha caído la confianza pública en el Parlamento, en el gobierno local y en todas las administraciones públicas, añadió José Pablo Ferrándiz, de la empresa de sondeos Metroscopia.

La corrupción se convirtió en la segunda causa de preocupación de los españoles en las encuestas, sólo detrás del desempleo, inquietud número uno, pues está en un alarmante 26 por ciento.

En otra señal de la impaciencia de los ciudadanos, los reclamos al Defensor del Pueblo –sobre instituciones como bancos o administraciones públicas– se han disparado 36 por ciento.

A las numerosas protestas del año pasado que ocuparon las calles españolas a causa de los fuertes recortes públicos, se unen las concentraciones ante las viviendas de los políticos del PP para protestar contra los desahucios.

La ineficacia y la corrupción alimentan la indignación, comentó un informe de Transparencia Internacional de 2012 sobre el aumento del movimiento de protestas en Grecia, Italia, Portugal y España.