El problema de la producción de alimentos en el país es profundo debido a la descoordinación institucional y el abandono de un millón de productores, que tienen la capacidad de incrementar de 3.5 a 10 toneladas por hectárea en granos básicos y oleaginosas, principalmente, dijo Nuria Urquía Fernández, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la inauguración del Congreso Nacional de Políticas Públicas para el Campo, organizado por las universidades Autónoma de Chapingo (UACh) y Antonio Narro, en coordinación con la Cámara de Senadores.

Ante estudiantes y académicos reunidos en el auditorio Álvaro Carrillo, en las instalaciones de la UACh, Urquía Fernández expuso que México ocupa el último lugar entre los países latinoamericanos en la producción de alimentos, ya que en los años recientes se dio mayor énfasis a los subsidios sociales por encima del financiamiento a la producción. “El desafío, ahora con un entorno económico mundial volátil, es aumentar la productividad local y disminuir la enorme marginalidad en el sector rural –que carece de infraestructura, servicios y tiene una mala calidad de vida–, con cambio climático, brotes de enfermedades fito y zoosanitarias”.

Desigualdad en el gasto

Especificó que del total del gasto para el campo, sólo 17 por ciento se destina al fomento productivo, 26 para beneficio social y 33 por ciento para bienes privados de beneficio social. La situación ha derivado en que casi 2 millones de familias subsistan y no tengan vinculación con el mercado, cada una de las cuales recibe en promedio 5 mil 283 pesos de apoyos gubernamentales; 2.6 millones están relacionadas con el mercado y reciben 6 mil 278 pesos de subsidios del gobierno; los productores empresariales con rentabilidad frágil suman medio millón y reciben cada uno 13 mil 741 pesos.

En tanto, el sector empresarial pujante (448 mil) obtiene una ayuda de 30 mil pesos y el dinámico (17 mil) 140 mil pesos, éstos dos últimos tienen ingresos por ventas promedio de 562 mil y de casi 12 millones de pesos, respectivamente.

Así, los estratos empresariales del sector rural representan 18 por ciento de las unidades económicas rurales y contribuyen con 87 por ciento del valor de la producción, en tanto 3.9 millones de productores participan apenas con 7.5 por ciento de las ventas.

Para que México logre recuperar su capacidad productiva, los programas de desarrollo deben estar muy focalizados e ir acompañados de estrategias de extensionismo plenamente participativas, dirigidas a la formación de capital humano, destacó. Propuso que el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (Pesa) se convierta en una política pública para atender a los productores de subsistencia con un enfoque productivo, que tenga cobertura nacional y una fuerte coordinación con programas sociales complementarios, para generar ingresos y aumentar el impacto de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Para los agricultores con potencial productivo sugirió que se establezca una política de apoyo para potenciar su capacidad y se combine con políticas racionales de uso de agua y de desarrollo del sur-sureste. Además, consideró que el gobierno debe avanzar en una política con visión de largo plazo, basada en una estrategia consensuada con los productores y los agroindustriales, organizaciones campesinas y centros de investigación, así como establecer presupuestos multianuales, una bolsa agropecuaria de físicos en el país y diversificar los mercados.