El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó este lunes su total desacuerdo con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados que busca incrementar los recursos que percibe el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La propuesta de reformas a dos artículos de la Ley del Seguro Social constituye un incremento disfrazado de las cotizaciones obrero-patronales, que representa severos riesgos para los sectores productivos del país, y está completamente fuera de los tiempos establecidos en el Pacto por México, expresó el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Señaló que a la organización patronal le preocupa que la iniciativa sea aprobada por fast-track, sin una consulta a los empresarios y los trabajadores.

La iniciativa, explicó, pretende homologar las bases de cálculo de las contribuciones al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con las del impuesto sobre la renta, con el propósito de impulsar un supuesto proceso de simplificación y un incremento en los recursos que recibe el instituto.

Reforma de gran calado

De acuerdo con el CCE, la propuesta busca reformar el ar­tículo 27 y derogar el 32 de la Ley del Seguro Social.

La iniciativa es una acción aislada y completamente insuficiente frente a la necesidad de una restructura profunda del IMSS, la cual debe otorgarle viabilidad financiera, apuntó Gutiérez Candiani.

Lo que se requiere es una reforma de gran calado en el sistema de seguridad social, como la anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto, además de la reforma hacendaria programada en el Pacto por México para el segundo semestre del año, no medidas que lo único que logran es mermar los ingresos de trabajadores asalariados y restar competitividad a las empresas mexicanas.

Hizo un firme exhorto a que los legisladores realicen un ejercicio de reflexión, de diálogo y una consulta a fondo para brindar al IMSS una solvencia financiera y estructura adecuadas.

Gutiérrez Candiani aseguró que 64 por ciento de los patrones afiliados al IMSS está conformado por pequeñas y medianas empresas, y cualquier alteración en sus costos de seguridad social les representaría un impacto de administración muy serio, posibles crisis con la consecuente pérdida de empleos.

En el caso de los trabajadores, el empresario aseveró que la derogación del artículo 32 supone un perjuicio inmediato, porque implica la integración total al salario base de cotización de conceptos como prestaciones de vivienda y alimentación, otorgados por los patrones.

Las reformas, abundó, remiten las leyes sociales a las fiscales, lo que llevará a gran cantidad de conflictos. La pretendida simplificación podría, en realidad, resultar en mayor confusión, complejidad y dificultad administrativa.

Afirmó que la iniciativa se contrapone a la reciente reforma laboral, porque encarecerá las condiciones de contratación formal y generará incentivos perversos para la informalidad. Con ello habría una disminución en los propios ingresos del IMSS y no un aumento.