La Ley General de Víctimas es ‘‘un insulto’’, porque está dirigida básicamente a lograr indemnizaciones económicas para quienes han sufrido el asesinato o la desaparición de un familiar, y la vida de un ser querido ‘‘no se compra ni se vende’’, subrayó la dirigente del Comité ¡Eureka!, Rosario Ibarra de Piedra.

Durante un acto realizado para fijar su posición con respecto a dicha norma y a otras herramientas legales que tienen el ‘‘supuesto objetivo’’ de hacer justicia, la luchadora social manifestó su repudio a la legislación recién modificada en el Senado y lamentó que todavía exista mucha falta de conciencia sobre el papel que tuvieron los movimientos disidentes de los años 60 y 70, cuyos miembros fueron blanco de desapariciones y asesinatos.

‘‘Hay gente que dice descaradamente: ‘¿quién les manda ponerse a las patadas con Sansón?’ Eso duele, porque muchos no ven que ellos lucharon por un país mejor y que todo pasó en la misma época en que México rompía relaciones con Argentina y Chile por las dictaduras, cuando el gobierno de aquí era un gemelo de los de allá’’, aseveró Ibarra.

Inti Martínez, hijo de José Luis Martínez, militante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) asesinado en 1979, y de Laura Elena Gaytán, quien fuera desaparecida por el gobierno, coincidió en que una ley que busca ponerle precio al dolor de quienes perdieron a un ser querido es ‘‘inmoral e históricamente irresponsable’’.

Ofrecer o pedir una indemnización económica, enfatizó Martínez, no es posible cuando los responsables de las desapariciones, las torturas o los asesinatos no han sido enjuiciados, no se ha ofrecido la verdad histórica a los familiares ni el Estado mexicano ha asumido su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.

Además, ‘‘no podemos estar de acuerdo con una ley que nos trata como víctimas [...] No soy ni seré víctima y menos del Estado. Hemos sido rehenes de él, pero nuestra alma es libre’’, indicó el activista, quien advirtió que actualmente el país vive una redición del ‘‘terrorismo de Estado’’ de décadas anteriores.

En el mismo sentido, Tania Ramírez, del colectivo Hijos México, leyó una carta de su compañera Alba Santiago Nevárez, quien rechazó la Ley General de Víctimas por ser una ‘‘herramienta manipulada’’ que deja en el olvido a quienes fueron desaparecidos o asesinados antes de 2006, y les impone la etiqueta de víctimas, como seres desvalidos que necesitan la compasión de los demás.

El periodista José Reveles, por su parte, manifestó que las desapariciones forzadas de la actualidad son una continuación de las ocurridas hace más de 30 años, por lo que llamó a emprender una lucha que siente en el banquillo de los acusados a los responsables de dichos crímenes, como sucede hoy en Guatemala y Argentina.

No es un tema del pasado

Blanche Petrich, colaboradora de este diario, sostuvo que los desaparecidos no representan un tema del pasado o una ‘‘papa caliente’’ que nadie quiere tomar, sino una herida abierta que no va a cicatrizar mientras los culpables de los delitos no sean llevados ante la justicia.