Las iniciativas para limitar el arraigo a un máximo de 20 días –co­mo han propuesto recientemente legisladores de todos los partidos políticos– sólo tienen el objetivo de fingir que el gobierno del país respeta los derechos humanos, en vez de erradicar totalmente una práctica que favorece la tortura y cuyo índice de efectividad es mínimo.

Así lo afirmó Daniel Joloy, coordinador del área de incidencia internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), quien lamentó que incluso los partidos supuestamente de izquierda se hagan cómplices de esta política de simulación.

Aunque no la ha presentado como una iniciativa formal, el perredista Efraín Morales, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, habló ayer (lunes) de limitar el arraigo a un máximo de 20 días, lo cual por supuesto que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, subrayó Joloy en entrevista con La Jornada.

Según el especialista, los proyectos para adecuar el arraigo en vez de eliminarlo del todo só­lo buscan llegar a negociaciones o puntos medios que no tienen cabida, pues ya se ha documentado que dicha práctica favorece la comisión de tortura y sólo un porcentaje mínimo de quienes han sido detenidos logra ser consignado finalmente.

El arraigo fue creado para dar a las autoridades más tiempo para investigar, pero estudios de la misma Procuraduría General de la República dicen que entre enero de 2008 y octubre de 2012 fueron detenidas 8 mil 595 personas, y sólo 3.2 por ciento fue condenado. Todos los demás fueron puestos en libertad luego de tenerlos detenidos 80 días y muy probablemente torturados, aseveró.

Lo que me sorprende más es que un gobierno supuestamente de izquierda, que debería ser de vanguardia, sea tan reacio en adecuar la legislación mexicana a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y envíe iniciativas para limitar el arraigo, exactamente iguales a las que promueve el PRI y el PAN en el Congreso de la Unión, lamentó Joloy.

En vez de limitar o regular esta práctica, deben terminar con ella, como indican nueve recomendaciones de organismos internacionales. No hacerlo es un acto de simulación y una falta de respeto a los derechos humanos, dijo.