México está vendido a las empresas. Estas nunca deben ser socias en el diseño y aplicación de las políticas públicas, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque su único y verdadero interés es ampliar su participación en el mercado, advirtió Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés.En Inglaterra, dijo, desde los años 70 existe un boicot contra Nestlé por el daño que sus productos causan en la salud de la infancia. Allá (ese corporativo) no patrocina nada ni colabora en nada con el gobierno, pero es causa de alarma que se le acepte en países como México, señaló.

La activista participó ayer en una conferencia convocada por El Poder del Consumidor, donde advirtió que las industrias de alimentos y bebidas se presentan agradables, amistosos y se dicen interesadas en ayudar, pero es mentira. En realidad bloquean a los gobiernos.

Su interés es evitar los controles a la venta de comida chatarra y a la publicidad, apuntó apenas unas horas antes de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) formalizara un convenio de colaboración de Nestlé con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Rundall recordó que Brasil también aceptó esa injerencia, aunque la movilización social logró terminarla.

De visita en México para difundir la importancia de que haya un regulación para prevenir los conflictos de interés, Rundall señaló que estaba a punto de felicitar al gobierno por lanzar la cruzada, pero enterarse del acuerdo con Nestlé y que un día antes se suscribió un convenio similar con PepsiCo fue una pésima noticia.

Y aún más que dicha participación consista en cursos sobre nutrición y autoempleo en las comunidades donde se desarrolla la cruzada. Advirtió que eso beneficiará a las trasnacionales, que podrán promover sus productos en forma de galletas, jugos u otras mercancías, a pesar de que carezcan de valor nutrimental.

Una verdadera estrategia para abatir desnutrición, obesidad y hambre tendría que estar volcada en promover alimentos tradicionales, favorecer la agricultura local e incluso los huertos familiares, señaló.Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, resaltó que acciones de este tipo ya han demostrado su efectividad en el país y comentó que desde Brasil llegó una advertencia, pues las trasnacionales buscarán, entre otras, que el acceso al agua potable se asegure, pero embotellada, es decir, venderla a las personas más pobres.

Eso es factible –dijo el activista– si Sedeso ya reconoció que mediante la red de tiendas Diconsa se distribuirán alimentos de mala calidad fabricados por las trasnacionales. En cambio, las autoridades no dan señales de querer retomar la propuesta de la sociedad para que una parte del impuesto que se aplique a los refrescos, una octava parte, se invierta en llevar el líquido a todo el país, apuntó.De igual forma, Calvillo denunció que la cruzada del gobierno de Enrique Peña Nieto empezó sin haber creado el comité científico que debería avalar las acciones y, en cambio, sí hay prisa por formalizar el acuerdo de colaboración con la industria de alimentos y bebidas.

Rundall destacó que la coalición que preside tiene presencia en 20 países y Nestlé es la más boicoteada. En Inglaterra existe el convencimiento de que no debemos ser socios del enemigo, subrayó.