a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió ayer una recomendación sobre el operativo policiaco ocurrido en esta capital el pasado 1º de diciembre, en el contexto de las protestas con motivo de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente. El documento afirma que durante la citada operación pudo documentarse la violación del derecho a la seguridad personal, a la libertad personal, a la integridad personal, derecho a la libre manifestación y a la protesta de 102 personas agraviadas, y que se detectó un uso irracional y desproporcionado de la fuerza de la policía capitalina, la cual detuvo de manera arbitraria a 99 personas.

A renglón seguido, el documento recomienda modificar el Protocolo de Control de Multitudes para formular uno nuevo que ponga énfasis en la llamada cadena de custodia; una reforma democrática de la policía del Distrito Federal y un diagnóstico de su estructura y marco normativo; la instauración de procesos administrativos sancionatorios a la Dirección de Inspección Policial y al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública local, y la investigación, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa (PGJDF ), de los abusos de autoridad cometidos por policías preventivos y por el personal ministerial.

Tales propuestas son pertinentes y atendibles, aunque revisten aspectos criticables. El más obvio, por lo que se refiere a la forma, es la tardanza burocrática exhibida por la CDHDF, cuya primera toma de posición oficial sobre los excesos mencionados ha demorado más de cuatro meses, a pesar de que las detenciones arbitrarias, los atropellos, el uso excesivo de la fuerza y otros elementos señalados habían sido profusamente documentados desde los primeros días posteriores al operativo.

Por lo demás, el documento incurre en algunas omisiones importantes, como no hacer mención alguna de la Policía Federal (PF) en el apartado correspondiente a las autoridades responsables, a pesar de que la participación de elementos de esa corporación ha quedado demostrada desde un principio en diversos documentos videográficos. Si bien es cierto que la CDHDF no tiene entre sus competencias formular recomendaciones a organismos federales, como la PF, habría sido deseable y necesario que el organismo dejara constancia de la responsabilidad de elementos de esa corporación.

Otra falta importante es que entre las recomendaciones formuladas no se incluye la aplicación de sanciones de tipo penal contra los responsables de los abusos referidos –el documento se limita a proponer sanciones administrativas–, a pesar de que en el mismo documento se pone en evidencia la comisión de atropellos, detenciones arbitrarias y otros actos que configuran diversos delitos, y que dejaron como saldo un manifestante en estado de coma, a otro sin un ojo y otros más con lesiones de diversa gravedad.

Con todo y esas omisiones, las recomendaciones de la CDHDF dejan al descubierto diversas faltas y anomalías en el desempeño de elementos de la policía capitalina y la procuraduría local, así como de funcionarios del Poder Judicial que resultan inaceptables en un estado de derecho. Lo menos que cabe esperar a raíz de la difusión de este documento es que el Gobierno del Distrito Federal y los órganos jurisdiccionales locales empleen los recursos a su alcance para corregir esos vicios y evitar su repetición en el futuro, pero sobre todo, que se desistan de las imputaciones y la persecución judicial emprendidas contra los 14 ciudadanos procesados –uno sentenciado a dos años de prisión– por presunta participación en los disturbios del 1-D, pues su detención derivó de un ejercicio arbitrario, deficiente y desproporcionado del poder público.