l amplio movimiento escenográfico del reformismo de Enrique Peña Nieto no ha podido alcanzar el ámbito de la violencia relacionada con la delincuencia organizada más que en términos de una nueva narrativa (alejada totalmente de los horrores mediáticos producidos durante el calderonismo funerario), de una reformulación práctica que involucra a los gobernadores, a quienes en el sexenio pasado se solía excluir por considerar a muchos de ellos parte de los cárteles regionales y como delatores y obstructores de los planes federales contra capos y sus reductos, y de una calculada retracción policiaca y militar que deja a los bandos exterminarse sin intervención oficial y abandona a su suerte a regiones en neoliberal espera de una suerte de corrección del mercado criminal por sí mismo (con el resultado colateral de que hayan bajado a la mitad las quejas por abusos de la Sedena, pues tal vez en esa misma proporción ha disminuido su activivismo).

En términos numéricos, los reportes oficiales del peñismo reflejan una disminución moderada de los índices mortuorios ajudicables al baúl del crimen organizado (al secretario Osorio Chong le gusta usar el término correspondiente a un mueble con frecuencia usado para la guarda de ropa: Alentamos a que el memorial no se conciba como un baúl en el que se guarda un pasado doloroso, dijo en días pasados en un acto de muralismo victimado, y ayer explicó que el conteo de fallecidos se adjudica a determinado baúl, relacionado o no con el crimen organizado, con base en una valoración discrecional que hace la autoridad).

Pero, de continuar la tendencia mostrada en los primeros cuatro meses de la actual administración (4 mil 249 en ese lapso, más 202 en la primera semana de abril), el peñismo acabaría entregando cuentas funerarias similares a las del comandante Felipe Calderón. Tanto así que el presidente nacional de lo que aún sigue haciéndose llamar PAN, Gustavo Madero (aliado de EPN y adversario cerrado de FCH) ha creído encontrar fundamentos para aventurar que el priísta está siguiendo la misma línea que trazó el de blanco y azul en materia de combate al narcotráfico.

La incapacidad del peñismo para frenar la violencia entre cárteles y de estos contra policías y militares, pero, sobre todo, contra ciudadanos ajenos a la delincuencia organizada, afea la fachada de remozamiento acelerado que la nueva administración ha tratado de vender tanto a la población local como a empresarios y medios de comunicación extranjeros que no han dudado en elogiar los sorprendentes y vertiginosos cambios logrados por un político al que se consideraba poco hábil y mal dotado para esos menesteres.

Relativamente fácil ha sido derrocar a la cacica con pies financieros de barro, Elba Esther Gordillo, empujar nuevos repartos de pastel en telecomunicaciones y preparar grandes negocios a compartir en términos de energéticos, hacienda pública y finanzas. Pero la terca realidad del narcotráfico y sus crímenes asociados no ha podido ser tocada más que con variaciones cosméticas (la nueva narrativa, que ha sido una forma de amordazamiento periodístico para instalar la percepción de que hay menos violencia si ésta es acallada mediáticamente, la reincorporación de los gobernadores y la decreciente participación militar y marina).

La postura del secretario de gobernación es tan cuidadosa que evitando triunfalismos, aceptando que el fenómeno de esa violencia puede volver a prender, y prometiendo que las cifras dadas a conocer serán realistas (punto éste de muy difícil comprobación, aun cuando Osorio Chong pretenda designar por invitación a una especie de contralor cívico) aligera en términos retóricos el hecho aplastante de que a fin de cuentas muy poco o nada es lo que se ha podido mejorar en materia de seguridad pública y que la violencia criminal contra la población sigue avante.

A fin de cuentas, los hidalguenses Osorio Chong y Murillo Karam están jugando a Segob buena y PGR mala. En Bucareli se habla con tersura y se sobrellevan las cosas, mientras en la procuraduría federal de justicia se cocinan los platillos envenenados. El caso de los profesores en protesta muestra a un titular de Gobernación dialogante y comprensivo, pero deslizando que los procesos correspondientes a presuntos delitos deben seguir su curso, con independencia de las negociaciones políticas en curso. Algo similar sucede en el tema de la delincuencia organizada: Bucareli explica y aligera, mientras la PGR juega con el mazo de cartas de amenazas y exoneraciones conforme al interés del casino gubernamental.

Más allá del reformismo propiciado por el pacto tripartita, Peña Nieto no ha podido desplegar acciones efectivas contra el narcotráfico y sus vertientes asociadas ni ha podido (aún) poner en práctica, contra los maestros en protesta, los aires diazordacistas tan contenidos. Los halcones que proponen mano dura no han podido resolver un conflicto de raíz: un México sin leyes respetadas, dominado por el crimen organizado, no debería regalarse el lujo provocador de pretender resplandecientes imperios del derecho y legalidades a bayoneta calada contra profesores que se resisten a un reordenamiento laboral y electoral, con dedicatoria a empresarios y clero.

Por más pirotecnia reformista que pueda deslumbrar en las afueras, al interior de este México diariamente herido es evidente que no hay condiciones para desatar represiones contra un gremio rebelde mientras la delincuencia de cuello blanco y el crimen organizado continúan intocados y con perspectivas de más éxito futuro. Ya se verá si la nueva administración prefiere el efectismo del puño golpeador y la búsqueda del reconocimiento externo para facilitar los negocios trasnacionales o mantiene una postura de negociación y entendimiento.

Y mientras el priísmo legislativo va ensuciando el proceso de nombramiento de un nuevo consejero del IFE, colando entre tropiezos una quintilla de aspirantes en las que destaca un par de nombres bendecidos por el tricolor, ¡hasta mañana!

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