De las casi 27 mil personas reportadas el sexenio pasado como ‘‘no localizadas’’, en 40 por ciento de los casos no hay una averiguación previa registrada o sólo tienen un acta circunstanciada, por tanto carecen de una investigación para ubicarlos.

Una investigación de la Secretaría de Gobernación (SG) –a la que tuvo acceso este diario– revela que en 5 mil 597 reportes de desaparecidos (de un total de 26 mil 121) no hay ni indagatoria ni acta circunstanciada, por lo que ningún perito tiene hoy la responsabilidad de dar con el paradero de los reportados.

Un 13 por ciento de las fichas son de responsabilidad federal, es decir, están en los escritorios de la Procuraduría General de la República (PGR). De esta subdivisión, más de 60 por ciento de los asuntos no tiene averiguación previa ni acta circunstanciada registradas.

El contexto anterior es parte del trabajo inicial de depuración de la lista de 26 mil 121 nombres de personas reportadas en algún momento del sexenio anterior como ‘‘ausentes’’.

Funcionarios del sexenio pasado y del actual han precisado que miles de las desapariciones no son producto de agresiones del crimen, sino historias de migrantes y/o personas que se separaron voluntariamente de sus familias (incluso internos de cárceles), entre otras causas. Es decir, en un momento dado el familiar levantó el reporte y pese a encontrar a esa persona, ya no regresó ante la autoridad a informar de ello.

Sin embargo, en cerca de la mitad de los 26 mil 121 casos, un primer vistazo de los especialistas de la SG reveló no hay registro de antecedentes documentales en términos de procuración de justicia, ya sea para localizar a las personas o simplemente explicar los motivos que provocaron la ausencia.

Por ello, se recomienda que las procuradurías estatales y la PGR informen si hay elementos para iniciar legalmente la indagatoria, al tiempo de actualizar la lista para determinar cuáles casos están en curso y aquellos concluidos.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la subsecretaria de Derechos Humanos de esa dependencia, Lía Limón, así como el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informaron que al llegar al gobierno federal encontraron un disco compacto que contenía los 26 mil 121 nombres de personas ausentes. La lista es un banco de datos que en el sexenio anterior se manejó como información confidencial. Tras hacer pública la lista –con las restricciones de protección de datos personales– dijeron que el siguiente paso sería depurarla.

Así, según este reporte preliminar se revela que no hay registro puntual del estado que guarda cada averiguación previa levantada, y en 40 por ciento de los casos no hay una indagatoria ministerial activa.

Fuentes consultadas de la SG y de la PGR explicaron que incluso la existencia de una averiguación previa no es sinónimo de que, en la práctica, los peritos estén investigando, si bien en 60 por ciento de los casos de ‘‘personas no localizadas’’ hay un documento de ese tipo.