Retrasar la reforma constitucional que analiza la Cámara de Diputados, relativa al fortalecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), tendría grandes costos para el país en materia de transparencia, rendición de cuentas y de derecho al acceso a la información, advirtió el consejero presidente del instituto, Gerardo Laveaga, quien dijo que los primeros preocupados porque se avance en ese aspecto son algunos gobernadores, quienes deciden qué hacer público y qué no.

Entrevistado al término de la sesión plenaria de este miércoles, Laveaga convino en que dicha reforma le daría una envergadura enorme al instituto, ya que al tener a tantos sujetos obligados, vamos a garantizar la rendición de cuentas de manera más eficaz. Afirmó que con reforma o sin ella, el Ifai seguirá trabajando intensamente, pero hay sujetos obligados que han buscado gran cantidad de estratagemas para no rendir cuentas, y lo harán a partir de que esta reforma le dé al Ifai la posibilidad de exigir.

A manera de ejemplo de esos sujetos obligados mencionó a algunos gobernadores, no a todos, porque hay estados que son ejemplo. Cuando dichos mandatarios estatales determinan qué se da a conocer y qué se oculta, agregó, generan cualquier género de prácticas ilegales y oscuras.

Confió en que a partir de la aprobación de dicha reforma se podrán atraer muchas de las resoluciones de órganos estatales, y eso tiene preocupados a los gobernadores, añadió.

Otro ejemplo que dio es el tema sindical, a quienes esta reforma convierte en sujetos obligados a rendir cuentas.

Durante la sesión, el pleno del Ifai rechazó por unanimidad la negativa de ProMéxico a entregar toda la información relativa, entre otros, a permisos de impacto ambiental del proyecto denominado Dragon Mart que se edificará en Cancún, y ordena una búsqueda exhaustiva en otras unidades administrativas, en las que, se presume, podría estar lo solicitado.

Al exponer esta resolución, la comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño mencionó que ésta es una segunda solicitud de información generada por la misma persona y que ProMéxico respondió que no era atendible por el hecho de que ya había un primer pedido. El solicitante explica que esta segunda solicitud es más completa y facilita la ubicación de los documentos requeridos.

Estos son convenios y contratos, acuerdos entre el gobierno del estado de Quintana Roo y funcionarios consulares de la República Popular de China, informes de impacto ambiental, permisos de construcción, acuerdos entre el gobierno estatal y los desarrolladores, entre otros.

Cada uno de los consejeros avaló en lo individual la resolución y destacaron que por el impacto económico, pero sobre todo ecológico que el desarrollo tendrá en la región, es necesario que se conozcan los términos que permitirían la instalación de dicho proyecto.