i los decretos del Ejecutivo federal pudieran tener dedicatoria, este seguramente diría: en honor de Ismael Solorio y Manuelita Solís, su esposa, caídos en defensa del agua del pueblo. Porque ni duda cabe de que el decreto firmado hace unas semanas por Enrique Peña Nieto para establecer la veda a la perforación de pozos en las zonas de libre alumbramiento es fruto de la lucha de este matrimonio y de las y los barzonistas chihuahuenses que vienen luchando por defender el agua de sus comunidades y, con ella, de toda la nación.

Hace menos de un mes, en el contexto del Día Mundial del Agua, el titular del Ejecutivo federal firmó el acuerdo que, a través de una veda provisional, suspende y prohíbe la perforación de pozos en las zonas denominadas como de libre alumbramiento, es decir, aquellas en que los usuarios no tenían que pedir permiso para perforar, sino sólo informar a las autoridades. De ahora en adelante se requiere la autorización expresa, legal, sustentada y documental de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aunque este decreto es para todo el país, viene como anillo al dedo para proteger los acuíferos del estado de Chihuahua, donde hace varios años El Barzón ha venido denunciando el saqueo de las aguas subterráneas en uno de los estados más secos y más golpeados por el cambio climático en el país. Tan sólo desde el año 2000 un grupo de adinerados agricultores menonitas ha abierto más de 225 mil hectáreas al cultivo a partir de la perforación de pozos en las zonas de libre alumbramiento, y está abriendo 140 mil más en los municipios desérticos de la entidad.

Los barzonistas, los campesinos, comunidades responsables de todo el país, pueden ahora exigir que se cumpla el decreto con todo lo que él implica. No será fácil, porque dicho acuerdo obliga a Conagua a reglamentar el vital líquido que se extrae cada año de los acuíferos sin que sobrepase la disponibilidad de recarga anual de éstos. Si esto se aplica como se debe, tan sólo en Chihuahua se tendrán que dejar de cultivar alrededor de 300 mil hectáreas de inmediato, que es la superficie que no alcanza a ser irrigada con el agua que puede recargarse cada año a los mantos. Se dice fácil, pero esto implica enormes costos de oportunidad para quienes han estado llevando a cabo esta agricultura extractiva tan depredadora en esta entidad: a lo que dejarían de percibir por no sembrar buena parte de su tierra hay que agregar la necesidad de amortizar la inversión en desmonte y nivelación de tierras, perforación y equipamiento de los pozos, instalación eléctrica y sistema de riego. Un somero cálculo de El Barzón señala que en estas 300 mil hectáreas, con un mínimo de 3 mil 500 pozos, el valor de lo invertido llegaría a 3 mil 500 millones de pesos en perforación y equipamiento de pozos; 3 mil 750 millones en la adquisición y habilitamiento de las tierras y 5 mil 250 millones de pesos en la adquisición de pivotes para riego. Como mínimo la inversión llega, pues, a 12 mil millones de pesos, así que habrá muchas presiones sobre Conagua y el gobierno federal para que el decreto no se cumpla o se cumpla sólo en parte, en detrimento del agua disponible para consumo humano.

Por eso es importante también no sólo evitar nuevos hechos de despojo del recurso agua, sino también acabar con la impunidad que favoreció la explotación actual. Quienes propiciaron la sobrexplotación no sólo fueron quienes perforaron, pues hay toda una larga serie de complicidades, de colusiones, de diversas instituciones de gobierno: en primer lugar, Conagua, que no realizó las labores de vigilancia y supervisión correspondientes, pero también la Semarnat, que permitió el cambio de uso de suelo de los cientos de miles de hectáreas abiertos al cultivo; de Profepa, que no vigiló que el cambio se operara de acuerdo con la ley; la CFE, que realizó las obras de infraestructura eléctrica para tendido de líneas, subestaciones y pozos; la Sagarpa, que a través de Aserca proporcionó todo tipo de subsidios a quienes cultivaban las tierras con aguas cada vez más escasas; FIRA y Financiera Rural, que financiaron los cultivos. Muchas dependencias y muchos funcionarios resultarán descobijados si el decreto se toma en serio por las propias autoridades que lo expidieron.

Esta lucha en defensa del agua converge en su orientación con la amplia coalición que ha presentado la iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas. Una y otra nos muestran que, con avances como este, las luchas sociales, cotidianas, horizontales, en red, descentralizadas, pueden tener logros a corto y mediano plazos, así no lleguen al poder. Desde los combates por los comunes como el agua, los recursos naturales y el territorio se pueden ir cercando los todavía muy fuertes espacios de autoritarismo e inequidad y, sobre todo, se puede ir generando una nueva cultura de sustentabilidad, de responsabilidad, de solidaridad. Por eso hay que aquilatar estas victorias y vigilar que no se escurran de las manos.