El Senado aprobó por unanimidad reformas a diversas leyes para posibilitar que el Ministerio Público Federal pueda atraer investigaciones por delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, a fin de que no queden en la impunidad cuando en los estados y municipios, donde ocurran las agresiones, no avancen las indagatorias.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Roberto Gil, sostuvo en tribuna que con estas modificaciones no se federaliza el delito, pero en una innovación constitucional se estableció una facultad específica de atracción, la cual se ejerce también en casos de que, por razones de especial importancia para el ejercicio de la libertad de expresión e informativas, sea necesario que la autoridad federal supla a la local, la ministerial y la judicial para que éstos casos no queden en la impunidad.

Además, subrayó el panista, las comisiones dictaminadoras introducimos el recurso de reconsideración en caso de que el Ministerio Público Federal se niegue a ejercer la facultad de atracción, que se resuelve de manera directa por el procurador general de la República, es decir, será el titular de la dependencia quien en última instancia determinará si un expediente ha de atraerse conforme a las causales que hoy establece este dictamen.

Abundó: Se mantiene la fiscalía especializada y se establece la potestad a la PGR de presentar una reorganización integral dentro de 180 días para fortalecer en el ámbito administrativo e institucional la persecución de estos delitos y, sobre todo, la dimensión orgánica que hoy tiene la fiscalía.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, resaltó: Hay una preocupación de que estamos anulando el funcionamiento de la fiscalía especializada en la materia. No tenemos facultades para desaparecerla, no es nuestra atribución; además, fue creada por un decreto del titular de la PGR.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta  Cristina Díaz, refirió que en los años pasados gran parte de esas agresiones constituyeron delitos de la competencia local, por lo que se considera conveniente que cuando trasciendan del ámbito de las entidades federativas o tengan efectos a nivel internacional sean investigados  y perseguidos por las autoridades federales para evitar la impunidad.

El perredista Zoé Robledo dijo en tribuna que en 2010 y 2011 Naciones Unidas indicó que el número de periodistas asesinados en México ascendió a 66, mientras otros 12 se reportaron desaparecidos. Añadió que el organismo publicó su informe trimestral enero-marzo de este año y denunció que van 50 agresiones contra periodistas entre ataques a medios, secuestros, asesinatos y desapariciones de periodistas.

Fernando Yúnez, senador del blanquiazul, aseveró que Veracruz es sin duda el estado más peligroso para ejercer el periodismo. En 47 días fueron asesinados en ese estado cinco de los siete comunicadores ultimados en 2012. En los dos años pasados 23 reporteros salieron de la entidad por falta de garantías. La reforma se turnó a la Cámara de Diputados.