El pago de prestaciones sociales, como bonos de productividad y vales de despensa, no es una práctica generalizada, así que los trabajadores no serán los principales afectados con la reforma a la Ley del Seguro Social (LSS), como advirtió la cúpula empresarial, afirmaron Alejandro Vega, miembro de la dirección colegiada del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), y Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM.

Sólo trabajadores de grandes empresas o los afiliados a sindicatos cuentan con dichas prestaciones, así que, calcularon, el porcentaje es mínimo respecto de los 15 millones de trabajadores formales afiliados al IMSS, de un universo de 48 millones que forma la población ocupada.

Las prestaciones, abundó Bouzas, son mínimos complementos al salario y apenas están sindicalizados entre 5 y 10 por ciento de los trabajadores formales.

Hace unos años parecía que buena parte del salario iba a derivar en ese tipo de prestaciones porque parecía muy conveniente para los empresarios. La verdad no creció tanto el ingreso vía estímulos de productividad, salvo marcadas excepciones, como Telmex, pero en términos generales, en la industria manufacturera y empresas medianas, estas prestaciones se mueven en un rango de 5 a 10 por ciento del salario, dijo Alejandro Vega.

Lo que sí es generalizado, acusó, es el gran esquema de simulación de los empresarios para registrar menos trabajadores o reportarlos con salario mínimo cuando en realidad ganan más, todo con el fin de reducir el monto de las aportaciones que les corresponde hacer al IMSS.

De momento, eso no afecta a los trabajadores, pero en el futuro recibirán una pensión más reducida de la que les corresponde y eso es un fraude tanto contra ellos y el erario.

No hay cifras al respecto, abundó, pero trabajadores, sindicatos, abogados y especialistas constatan que ocurre cotidianamente. También es práctica común que el sector privado recurra a despachos contables especializados en disfrazar cifras para que los patrones no paguen o reduzcan sus aportaciones al IMSS, Infonavit y otros rubros, para hacer trampa, para decirlo con todas sus letras.

Si las autoridades cruza información de los salarios que se reportan al IMSS y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) esa simulación saldrá a a la luz, dijo Bouzas y Vega consideró que la actual protesta empresarial se relaciona con el temor que tienen al respecto.

La pataleta de los empresarios es porque se verán afectadas sus ganancias, por los costos fiscales que tendrán al no poder seguir deduciendo las prestaciones como ahora lo hacen, pero la situación de los trabajadores no cambiará sustancialmente, señaló a su vez Bouzas sobre la derogación del artículo 32 y los cambios del 27 de la LSS.

IP sólo aplaude cambios a su favor

El directivo del Cilas consideró exagerada la advertencia de la Confederación Patronal de que al gravar algunas de las prestaciones sociales actuales al integrarlas al salario base se fomentará más la informalidad.

Eso es estirar demasiado la liga, es una absoluta falacia porque la informalidad no depende de pagar o no prestaciones sino de que no hay una política de desarrollo en el país, sobre todo industrial y las fuentes de trabajo que se crean son con salarios precarios, dijo.

Criticó que el sector privado pida tantas reformas estructurales pero sólo para su beneficio: Francamente no tienen cara para quejarse. Aplauden todo lo que es para su beneficio pero hasta ahora todas las reformas los han beneficiado y no ha habido un equilibrio, sentenció.

No obstante, ambos investigadores concedieron razón a los empresarios sobre que tal iniciativa, presentada por el PRI en la Cámara de Diputados, sólo es un parche o paliativo con fines recaudatorios que en nada resuelve la crisis de seguridad social del país y en particular del IMSS, como tampoco lo hizo la reforma de 1997.

Aumentar la recaudación para el IMSS no está mal. Es evidente que requiere más recursos, pero no se atiende el problema de fondo y si en algo tienen razón los empresarios es que la reforma es sólo un parchecito para un problema del tamaño del mundo, puntualizó Vega.

Además, Alejandro Vega consideró preocupante que mientras las confederaciones y cámaras empresariales cerraron filas a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra la reforma a la Ley de Seguridad Social, los sindicatos y centrales obreras no se hayan pronunciado sobre el tema.