La Oficina de Integridad de la Investigación (ORI, por sus siglas en inglés), del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, determinó que Alejandra Bravo y Mario Soberón, investigadores del Instituto de Biotecnología (IB) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no incurrieron en conductas inapropiadas al modificar algunas imágenes sobre los estudios de la bacteria Bacillus thuringiensis (BT), como habían denunciado científicos canadienses.

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) dio a conocer que la ORI (organismo estadunidense encargado de supervisar las denuncias de mala conducta en la investigación biomédica de los proyectos que reciben apoyos de las agencias relacionadas con los servicios de salud pública de ese país) determinó que las modificaciones realizadas por los mexicanos no son significativas ni alteran los resultados de sus investigaciones.

Apoyo económico vigente

La participación de la ORI, detalló la AMC en un comunicado, obedece a que los científicos mexicanos cuentan con un donativo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. La resolución implica, además, que se mantienen vigentes los apoyos económicos a los proyectos en los que participan Bravo y Soberón.

La BT es utilizada en la industria biotecnológica en productos transgénicos para atacar plagas y evitar el uso de insecticidas en los campos de cultivo.

El proceso contra los investigadores mexicanos comenzó a partir de que el equipo de expertos canadienses, integrado por Vincent Vachon, Raynald Laprade y Jean Louis Schwartz, publicó el estudio Revisión crítica de los modelos que existen para explicar la forma de actuar del BT, en mayo de 2012, en la revista El Sevier, en el cual señaló que había modelos aplicados por los mexicanos que no se sostenían, pues era imposible reproducirlos.

Ante ello las autoridades del IB de la UNAM abrieron una investigación y el caso fue enviado a una comisión externa, la cual, tras evaluar al menos 11 estudios de Bravo y Soberón, consideró que en dos artículos había evidencias claras y contundentes de manipulaciones inapropiadas y categóricamente reprobables.

El consejo interno de ese instituto decidió aplicar, por tanto, diversas sanciones, como las renuncias de Bravo a la presidencia de la Comisión de Bioética y de Soberón a la jefatura del Departamento de Microbiología Molecular, lo que fue ratificado por el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM.

Carlos Arámburo de la Hoz, coordinador de la Investigación Científica de esa casa de estudios, dijo en su momento a La Jornada que si bien los científicos incurrieron en una falla menor, ésta no afectó las conclusiones de los resultados de sus análisis, lo cual fue corroborado por las revistas en las que se publicaron los artículos y que fueron avisadas de la alteración.

La ORI atrajo el caso y revisó la documentación que incluye las acusaciones, las respuestas de Soberón y Bravo, los dictámenes de la UNAM y las respuestas de las revistas en las que fueron publicados los trabajos involucrados, entre otros.

La AMC, hasta el día de hoy, nueve de las 11 revistas en las que fueron publicados los trabajos de los universitarios han aceptado las correcciones realizadas por estos y se espera que las restantes lo hagan en breve.

La ORI planteó que las regulaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos establecen (inciso k del apartado 42, Capítulo I, 93.304) que deben realizarse todos los esfuerzos razonables y prácticos para proteger o restaurar la reputación de las personas acusadas de haber incurrido en conductas inapropiadas, en las que no hubo ninguna constatación de faltas a la ética en la investigación.

Reconoció la autoridad de la UNAM para ajustar de forma independiente sus normas y hacer determinaciones cuando su personal académico no cumpla con las normas del comportamiento que espera la institución.