or lo visto, la estrategia gubernamental para combatir el hambre en el país no va más allá de llenar con productos chatarra el estómago de los mexicanos famélicos, para que éstos, medianamente, se mantengan en funcionamiento. Por ejemplo, un litro de refresco (¡sonríe, Pepsi está contigo!) aporta algo así como 25 por ciento de las calorías diarias requeridas por el cuerpo humano, y si se agregan un par de bolsas de Sabritas (mucha sal y grasa) y dos gansitos Marinela (más grasa y azúcar), la cuota está cubierta, independientemente de que lo único que fomentan este tipo de productos es la obesidad y no la alimentación. La tesis es llénenlos, no aliméntelos.

Mucho ruido se ha producido por la firma del convenio de colaboración entre la Sedeso y Pepsico (otras chispeantes trasnacionales esperan turno) para combatir el hambre en el país, pero en realidad la práctica de atiborrar a los mexicanos con productos chatarra es añeja. Millones y millones de litros de burbujeantes bebidas engordantes se venden cotidianamente a lo largo y ancho de la República. No habrá leche en las comunidades más alejadas, pero qué tal Pepsi, Coca-Cola o demás productos pro obesidad. Y no sólo se expenden en los comercios privados, sino en la institución pública que se honra en contribuir a la sana alimentación de los mexicanos.

La Jornada (Angélica Enciso) nos ilustra: las tiendas Diconsa de la Secretaría de Desarrollo Social, incluidas en la Cruzada Nacional contra el Hambre, no ofrecen en la canasta alimentaria básica alimentos frescos, pero sí venden botanas y frituras, así como refrescos embotellados, de los cuales México ocupa el primer lugar mundial en consumo per cápita. Una familia de escasos recursos destina hasta 7.5 por ciento de sus ingresos totales a comprar refrescos, y la frecuencia en el consumo de éstos supera a alimentos básicos como leche, huevo, carne, frutas y verduras, indica el Instituto Nacional de Salud Pública. Ubicada en zonas de alta y muy alta marginación, la red de tiendas Diconsa expende frituras y refrescos, aunque el gobierno está obligado por la Constitución a garantizar el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad.

La información referida subraya que incluso el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, recomendó el año pasado al gobierno mexicano que estudie la posibilidad de aplicar impuestos para desalentar las dietas ricas en energía, en particular el consumo de refrescos, y de conceder subvenciones a las comunidades pobres para que puedan acceder al agua, las frutas y las verduras, y tenga en cuenta el efecto de las políticas agrarias y comerciales en las dietas de la población. En los hechos, el gobierno calderonista ni siquiera se animó (como se comprometió) a sacar la chatarra de las escuelas.

Diconsa se autodefine como una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector Desarrollo Social. Tiene el propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la organización y la participación comunitaria. Atiende a 25 mil 468 tiendas en todo el país y para cumplir con su objetivo cuenta con más de 300 almacenes rurales y centrales, 3 mil 691 mil unidades asignadas a sucursales que cada día recorren miles de kilómetros de carreteras y terracerías completarían un viaje de ida y vuelta a la Luna.

Por si fuera poco, somos la red de abasto social más grande del país, que trabaja para garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles para la población en condiciones de marginación. Una de sus principales funciones, según presume, es hacer negociaciones para la adquisición de los principales productos básicos que los mexicanos consumen en zonas rurales tales como maíz, frijol, arroz, azúcar, leche, café, harina de maíz, harina de trigo, sal de mesa, aceite, chocolate, chile, atún, sardina, galletas, pasta para sopa, abarrotes y mercancías en general, y su meta es mejorar la nutrición de los mexicanos que viven en comunidades rurales, para impulsar el desarrollo de sus familias. Lleva productos básicos y complementarios de calidad y bajo precio a las localidades que más los necesitan, de forma eficiente y oportuna.

En ningún momento menciona que para mejorar la nutrición de los mexicanos comercializa refrescos y otros productos chatarra. No lo dice, pero sí utiliza recursos públicos al por mayor para tal fin. Por ejemplo, entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012 (información vía Ifai), Diconsa reconoce 3 mil 298 adquisiciones (todas por adjudicación directa y por un monto multimillonario) a la Comercializadora Pepsico México, por medio de las cuales garantiza el abasto de los productos de esa trasnacional a los rincones más apartados de la República.

De igual forma, también por adjudicación directa destinó cuantiosos recursos públicos (478 pedidos) para que Barcel, subsidiaria de Bimbo, le surtiera de productos engordantes y así distribuirlos por la famélica geografía nacional, por medio de la red de abasto social, y alimentar a los mexicanos hambrientos, quienes a la mano siempre tienen refrescos embotellados y, por si fuera poco, refrescos en polvo.

No son las únicas chatarreras que gozan del presupuesto público, desde luego, pero queda claro que si esa enorme red de abasto social no ofrece alimentos frescos en su canasta alimentaria, se aplica para distribuir todo tipo de productos engordantes y nada alimenticios, incluidas las galletas de animalitos. Si con eso el gobierno pretende combatir el hambre, entonces los mexicanos famélicos están fritos. Y si a ello se añaden pensiones de 17 pesos con 50 centavos por día, peor.

Las rebanadas del pastel

Como bien advierte el director de la asociación civil El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, un factor determinante para el incremento de la obesidad en México ha sido el alto consumo de bebidas azucaradas. Somos el país que más litros de refresco consume al año, 163 por persona, superando a Estados Unidos. El absurdo es que Diconsa, que es un organismo del Estado y que lleva alimentos a la población en pobreza, subsidie la comida chatarra. Se ha señalado que el alto consumo de alimentos chatarra en el país no sólo tiene que ver con sobrepeso y obesidad, sino con anemia y desnutrición; lo hemos comprobado con encuestas y estudios. Pero allí están, y con adjudicaciones directas.

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