La Procuraduría General de la República (PGR) revisará la permanencia de quienes integran su programa de testigos protegidos, y para ello analiza si las declaraciones realizadas ante el Ministerio Público y jueces federales han sido verídicas y útiles en los procedimientos penales; en caso contrario, se les dará de baja, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

Los funcionarios consultados señalaron que desde enero, tras ser anuladas las declaraciones de algunos testigos protegidos en el caso de seis militares acusados de apoyar actividades del narcotráfico, la PGR decidió analizar cada una de las imputaciones vertidas para depurar el programa.

Señalaron que en lo que va de esta administración, al menos dos jueces federales, el tercero con sede en Toluca, Raúl Valerio Ramírez, y el primero con sede en Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, solicitaron a la PGR que actuara contra varios de sus testigos protegidos por haber incurrido en falsedades en sus declaraciones

El juez Valerio Ramírez tiene bajo su responsabilidad –entre otros casos de delincuencia organizada– dictar sentencia en el proceso penal iniciado en contra del ex subsecretario de la Defensa Nacional, general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, quien fue acusado de brindar protección a integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Como juez tercero de distrito con sede en Toluca, también ha recibido información que pone en tela de duda los señalamientos vertidos por el testigo protegido identificado con la clave Jennifer, cuyo nombre real es Roberto López Nájera, quien se acogió al programa respectivo de la PGR en 2008, luego de trabajar como abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Jennifer ha sido utilizado por la Procuraduría General de la República como testigo de cargo en juicios de delincuencia organizada en los cuales todos los inculpados resultaron absueltos o fueron dejados en libertad por falta de elementos para procesarlos, entre ellos, el que fuera presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Gregorio (Greg) Sánchez; también rindió declaraciones con base en las cuales la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo) acusó penalmente a 49 alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán.

Asimismo, Jennifer sirvió como uno de los acusadores en contra del ex comandante y coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, quien también fue exonerado luego de haber permanecido cuatro años en prisión.

El caso en el cual públicamente un juez dio a conocer que el testigo protegido conocido con el nombre de Jennifer ‘‘se condujo con falta de probidad’’ y ‘‘mintió al momento de rendir sus declaraciones’’, fue con la absolución otorgada al ex titular de la Siedo, Noé Ramírez Mandujano, quien recuperó su libertad el lunes pasado.