El Senado firmó un acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños y adolescentes, para erradicar, entre otros problemas, el embarazo a temprana edad, la deserción escolar, el trabajo infantil, la violencia en el núcleo familiar, en el ámbito comunitario y especialmente en la escuela, así como el abuso sexual, la prostitución, la venta de infantes y su utilización en la pornografía.

A propuesta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que preside la panista, Martha Elena García Gómez, el convenio fue respaldado por todos los grupos parlamentarios y acompañado por los representantes de organizaciones sociales e instituciones públicas.

Con el acuerdo se buscará la transversalidad legal para la promoción y ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Para ello, se indicó, se requiere una base mínima e integral respecto del reconocimiento y cumplimiento de las garantías de esta población.

Se busca que el Estado mexicano legisle, diseñe, implemente, ejecute y evalúe acciones y políticas públicas dirigidas a la población que se busca proteger a partir de una legislación garantista, que los contemple como personas con pleno ejercicio de sus derechos.

En el acto, la oficial del Unicef en México, Alison Sutton, aseveró que la infancia en el país merece un gran esfuerzo de coordinación entre sectores, poderes, órdenes de gobierno y sociedad para promover sus derechos. Recordó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada en 2011, faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia.

A su vez, la titular del DIF, Laura Vargas, señaló que es indispensable revisar todas las leyes para atender mejor a los menores y jóvenes.

Ernesto Cordero, presidente del Senado, manifestó que se trata de garantizar que todos los menores tengan educación, salud y alimentación, así como las mismas oportunidades para salir adelante, no importa donde nazcan, ya sea en la comunidad más pobre de Oaxaca o en alguna de las ciudades más ricas del país.

García Gómez resaltó que la pobreza, la violencia y la desigualdad han puesto de manifiesto que nuestro marco jurídico ha sido superado por la realidad y resulta insuficiente para resguardar los derechos de niños y adolescentes

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, advirtió que en la actualidad hay embates, riesgos y peligros, nuevos y mayores para la niñez y juventud del país. Ante esa realidad, dijo, los diversos actores tienen que hacer su parte en la solución de esta problemática.