Madrid, 18 de abril.

El Congreso español aprobó este jueves una nueva ley para hacer frente a los desalojos, uno de los principales dramas de la crisis, pero que no incluye la dación de la vivienda en pago de la hipoteca como pedían los activistas.

La ley procede de una iniciativa legislativa popular que recogió 1.4 millones de firmas, promovida por los activistas antidesahucios, quienes ahora consideran que se ha desvirtuado el espíritu de su texto, cuyo principal punto era la posibilidad de saldar la deuda con el banco mediante la entrega de la vivienda.

Lo que hace el Partido Popular (PP, derecha, en el poder) es no hacer caso a lo que propone la ciudadanía. Por lo tanto, no podemos estar contentos con lo que está pasando, dijo Empar Pablo, de 36 años, quien se manifestaba junto a otros activistas en las cercanías del Congreso por considerar insuficientes las medidas del texto, que ahora debe tramitarse en el Senado.

La ley, aprobada sólo con los votos del PP, con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, paraliza durante dos años las expulsiones de familias vulnerables e impulsa la creación de un fondo social de viviendas para desahuciados.

Siguiendo las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró ilegales algunos aspectos de la norma española, el texto limita los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero y autoriza la suspensión del desalojo si existen cláusulas abusivas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística informó que en España hay más de 3.44 millones de viviendas vacías, lo que representa 13.67 del total de 25.2 millones de casas en el país. La cifra de casas abandonadas deriva de la insolvencia de ciudadanos para saldar las hipotecas bancarias, señalaron analistas inmobiliarios.

Con el país en una crisis histórica y un desempleo de más de 26 por ciento, miles de familias españolas que se endeudaron durante la burbuja inmobiliaria no han podido hacer frente a sus pagos y han sido desalojadas de sus viviendas.

Entre 2008 y 2012, se dictaron 415 mil 117 órdenes de ejecución hipotecaria de las que fueron ejecutadas 252 mil 826, cerca de 61 por ciento, incluyendo viviendas principales y secundarias, locales empresariales y comerciales y terrenos.

Alarmada por la gravedad del problema, que llegó a provocar algunos suicidios, muchos españoles, a través de asociaciones antidesahucios, se movilizaron contra este drama y pidieron al gobierno una reforma del mercado hipotecario.

Mientras se aprobaba la ley, decenas de manifestantes se concentraron cerca del Congreso en contra del gobierno con gritos como: ¿Qué pasa?, ¿qué pasa?, ¡que no tenemos casa! o casas sin gente y gente sin casa.