El Tribunal Unitario Agrario (TUA) determinó que Excellon Resources Inc, minera de capital canadiense, debe devolver mil 100 hectáreas que rentaba al ejido La Sierrita, municipio de Tlahualilo, Durango.

Ayer se realizó en Gómez Palacio la segunda audiencia relacionada con la demanda que interpusieron los campesinos contra la empresa por incumplimiento del contrato de ocupación temporal, firmado en 2008.

La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) informó lo anterior y sostuvo que es un triunfo histórico de los ejidatarios contra una minera trasnacional.

Explicó que el presidente del TUA del distrito sexto, el magistrado Raúl Eduardo Covarrubias García, contribuyó al diálogo entre los representantes del ejido La Sierrita y Excellon, de manera que la empresa devolverá las mil 100 hectáreas rentadas, y quedan pendientes 10 hectáreas.

La próxima audiencia se efectuará el 9 de mayo, cuando se entregarán formalmente las hectáreas rentadas, se definirá dónde se encuentran las 10 pendientes y en cuánto tiempo serán devueltas, indicó ProDesc.

En el contrato la empresa se comprometió a ocupar sólo el área convenida, pero explotó más terrenos de los permitidos. Asimismo, se había obligado a construir una planta tratadora de aguas y a otorgar a los ejidatarios las concesiones del servicio de comedor y de acarreo y transporte de mineral. Nada cumplió, por lo cual los campesinos iniciaron el proceso legal para recuperar sus tierras.

Peñasquito, aún en poder de tierras

Los integrantes del comisariado ejidal de Cerro Gordo y sus abogados anunciaron que interpondrán una queja ante el Tribunal Superior Agrario (TSA) contra el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, por su presunta colusión con la empresa minera Peñasquito, de Goldcorp.

Ayer, por conducto de Sol Ferreira Garnica, secretaria de acuerdos del TUA de Zacatecas, Lara Orozco se negó por segunda ocasión a recibir los tres millones de pesos que los campesinos han intentado devolver a la empresa canadiense, que en 2005 pagó esa suma por concepto de arrendamiento de tierras.

Ferreira Garnica los detuvo en seco al advertirles que el tribunal no recibiría el dinero porque los ejidatarios lo llevaban en efectivo. Con sus morrales cargados de billetes y monedas, los ejidatarios de Cerro Gordo salieron del TUA para ir a buscar un documento mercantil, pero la secretaria les advirtió: Recuerden que no les puedo recibir un documento por una cantidad mayor a lo que estipule la sentencia.

En cuanto el dinero sea depositado en el TUA, el magistrado Lara Orozco deberá ordenar a minera Peñasquito la suspensión total de sus actividades mineras en ese predio y que restituya a los ejidatarios de Cerro Gordo las 599 hectáreas que legalmente han recuperado.

Mientras, tres trabajadores se intoxicaron cuando intentaban sacar mineral de un antiguo tiro en la comunidad Hacienda Nueva, municipio de Morelos, Zacatecas, y dos de ellos fallecieron, informó la Dirección de Protección Civil del estado.

Con sogas atadas a la cintura, Eleazar Medina Campos, de 41 años, y José Medina Olvera, de 63, ingresaron al pozo. Para respirar llevaban mangueras conectadas a una compresora de aire, pero ésta falló y se envenenaron con los gases del socavón.

Juan Manuel Medina Gutiérrez, uno de los dos jóvenes que los auxiliaban desde fuera, entró para ver cómo se encontraban, pero también se intoxicó con monóxido de carbono. Paramédicos lo rescataron y lo internaron en el hospital regional de la capital de Zacatecas.

En un día sacaron 8 góndolas, aseguran

Juan C. García, Rubicela Morelos y Ulises Gutiérrez Corresponsales

El consejo de mayores del ejido nahua de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, denunció que otra mina ilegal ha comenzado a explotar vetas ferrosas. Nomás el día de ayer contamos ocho góndolas con material que salieron de la comunidad.

La nueva mina está ubicada en la comunidad Chanquiahuitl, cerca del poblado de Telcruz, en el ejido de Ayotitlán, y las autoridades no han informado a los nahuas qué compañía está operando allí ni quién autorizó lo que consideran un nuevo saqueo de recursos naturales.

Gaudencio Mancilla Roblada, miembro del consejo de mayores del ejido de Ayotitlán, dijo que el embate de las mineras atraídas por el hierro, el oro y la plata ha sido de muy largo aliento en la región. La trasnacional Peña Colorada, propiedad de las empresas Ternium y Mittal Steel, explota las vetas más ricas y exporta por Manzanillo la mayor parte de su producción.

Exigen a Graco Ramírez definir postura sobre proyecto en Morelos

El movimiento Morelenses contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos emplazó al gobernador Graco Ramírez a que defina su postura sobre la mina de oro que Esperanza Silver pretende explotar en el poblado Tetlama pues, pese a que ha declarado que está en contra, no han visto ninguna acción para evitar que esa empresa opere.

Los inconformes citaron a Graco Ramírez el 28 de abril en la plaza cívica del ayuntamiento de Miacatlán, en el sur de Morelos, para que ante la población que resultará afectada por la explotación de la mina informe sobre las concesiones que se entregaron a Esperanza Silver y aclare qué ha hecho su gobierno para evitar que esta empresa explote la mina de oro.

Frente al palacio de gobierno estatal, pobladores de Cuernavaca, Miacatlán y Tetlama (municipio de Temixco) afirmaron que Esperanza Silver continúa con los estudios de exploración de la zona pese a que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha aceptado la manifestación de impacto ambiental.

Aseguraron que la mina de oro está a menos de un kilómetro de la zona arqueológica de Xochicalco.

La Profepa sancionará a compañía en Sonora

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encontró irregularidades en la operación de la empresa Minera Libertad en la comunidad de San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, Sonora, por lo que le aplicará una multa que iría de 3 mil pesos a seis millones.

El 4 de abril, más de 100 ejidatarios y sus familiares protestaron en Soyopa y en Hermosillo por la falta de acuerdos entre la empresa de capital canadiense y el ejido para explotar el mineral. Asimismo denunciaron que la minera contamina el suelo y el agua de la región. 51 manifestantes fueron encarcelados y posteriormente liberados.

Tras las manifestaciones, la Profepa visitó la empresa. Aunque la mayoría de las irregularidades fueron solventadas, se detectó que los contenedores de residuos peligrosos no estaban identificados y el que almacén temporal de estas sustancias no cumple todas las normas.

Además, la empresa no presentó los resultados de su programa de rescate de especies vegetales avisó del inicio de obras.