La premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú Tum afirmó que la repentina anulación de lo actuado durante 20 estrujantes jornadas del juicio por genocidio contra el general golpista Efraín Ríos Montt por los hechos de hace 30 años en la región ixil, demostró una vez más que el Poder Judicial de Guatemala no tiene voluntad política para hacer justicia ni le importa el dolor de los pueblos, el dolor de los ixiles.

Y denunció: “con lo sucedido hoy, el gobierno guatemalteco vuelve a su condición de régimen de facto para denigrar a la justicia y a quienes la imparten”.

Desde que a primeras horas de la tarde de ayer, cuando se conoció la noticia de que la Corte de Constitucionalidad, última instancia del sistema judicial en el país centroamericano, resolvió borrar de un plumazo las actuaciones de un juicio que había sido calificado de histórico –porque sentó en el banquillo de los acusados por primera vez a un ex jefe de Estado en un tribunal de su propio país– la dirigente quiché no ha dejado de recibir llamadas de amigos, activistas de derechos humanos y víctimas del Estado durante los largos años de guerra que sufrió el país, que lloran y se lamentan de esta barbaridad, de esta trampa sin nombre, de esta burla más tremenda, de esta bofetada propinada por el Tribunal de Mayor Riesgo, instancia creada, paradójicamente, por recomendación de la CICIG para evitar que los jueces regionales sean sujetos de presión por los poderes locales.

Ella los anima: aquí no nos vamos a cansar. Si las víctimas esperaron 30 años para ser escuchadas, no nos vamos a rendir. La resolución de la juez Carol Patricia Flores remite el expediente del caso ixil a una etapa del proceso que lo hace retroceder tres años, cuando se empezó a debatir, el 23 de noviembre de 2011, si Ríos Montt –hoy de 86 años e impune– podía o no ser llevado a juicio. Y esto empezará a ser discutido nuevamente ante un juzgado menor hasta dentro de siete meses.

En días recientes, expertos y abogados que asistieron a las víctimas en el juicio estimaban que antes del fin de semana o quizás en los primeros días de la próxima se podría emitir un fallo. Y a todas luces, éste no podía ser favorable a los militares acusados.

¿Quién garantiza que testigos lleguen vivos a noviembre?

Lo que haremos ahora es llamar a todos los organismos de derechos humanos internacionales a que nos acompañen para que no ocurra un debilitamiento emocional y sicológico de las víctimas. No podemos permitir que cunda la desesperanza y la parálisis. Tenemos que hacerles entender a los poderosos que gobiernan con mentalidad racista al país que jamás vamos a aceptar el silencio.

Por lo pronto, ella y otras personalidades del país empezaron a mover los hilos para que las instancias pertinentes en la Organización de Estados Americanos gestionen medidas cautelares para los más de los 50 hombres y mujeres –todos de la etnia ixil– que brindaron sus testimonios en la sala de vistas úblicas de la Corte Suprema de Justicia bajo la mirada fría de su victimario durante estos días de abril.

Rigoberta Menchú advierte que sin medidas de protección, ante la agresividad de los sectores afines al ejército que de inmediato dejaron sentir su júbilo en las ondas radiales por este primer tropiezo del juicio, “nada nos garantiza que los testigos, la juez Yazmín Barrios –que ha sido muy valiente– y la fiscal especial Claudia Paz y Paz lleguen vivos y sanos a noviembre”, cuando se reanude, prácticamente desde cero, el proceso.

“Por mi parte –explica la premio Nobel– considero que esta anulación justifica lo que yo he dicho desde hace años. Tenemos que recurrir a la justicia universal, tenemos que insistir ante la causa abierta ante la Audiencia Nacional de España” (causa 339 recibida en diciembre de 1999, en la que se acusa a Ríos Montt, a su antecesor Romeo Lucas García y a su sucesor Óscar Mejía Víctores (todos militares golpistas) por los delitos de genocidio, etnocidio, terrorismo de Estado y feminicidio).

Insiste: Guatemala sigue siendo campeona de la impunidad racista, anticomunista y, por qué no decirlo, fascista. Con mayor razón que nunca, nuestra denuncia ante la audiencia española debe cobrar importancia. No tenemos opción.