Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano cuestionaron la política de Felipe Calderón de procesar a actores sociales que le resultaron incómodos, quienes han sido liberados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como ocurrió con el general Tomás Ángeles Dauahare.

El presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), aseguró que esta persecución, que violentó el debido proceso y manipuló la acción de la justicia con testigos protegidos, no sólo fue verdaderamente perversa, sino injusta, inhumana y cruel.

El coordinador del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, censuró el mal gobierno de Calderón y reprochó que en el sexenio pasado varios ciudadanos fueron sujetos de abuso por parte de la Procuraduría General de la República, a quienes inventaron delitos que no cometieron. Presentaron testigos inexistentes.

Todo, agregó, derivó en la liberación de personas, pero aún no existe castigo para quienes abusaron del poder.

Expuso que si el general Ángeles Dauahare presenta una denuncia, las autoridades están obligadas a iniciar una averiguación para saber quién fue el responsable del abuso de poder que le privó de la libertad sin derecho alguno, que procedan en consecuencia y se evite que México se convierta en un país de impunidad.

A su vez, en una intervención desde la tribuna, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la justicia en México está podrida, y consideró que todos los mexicanos deben sentirse avergonzados de la forma en que Felipe Calderón torció el poder.

Además, los jueces de consigna sometieron a proceso penal a personas que no tenían ninguna vinculación ni nexos con el narcotráfico. Éste es un asunto de la mayor importancia. La justicia está en entredicho. ¿Quiénes fueron los jueces de consigna? ¿De quién recibieron las consignas?