inalmente llegó al Congreso de Estados Unidos la propuesta de ley bipartidista llamada Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act, que será debatida próximamente y que puede abrir la puerta a un proceso lento y complicado de regularización de la población indocumentada.

El orden obedece a prioridades muy claras: primero, es la seguridad fronteriza; en segundo lugar, las oportunidades económicas; finalmente, en tercer sitio, la modernización del sistema migratorio, que hace ya una década había sido definido como modelo totalmente colapsado.

En efecto, la primera condición es que se pongan en práctica las medidas de control en la frontera sur con México. En la versión resumida, no hay ninguna mención a la frontera norte con Canadá, asunto que sí figuraba en otras propuestas como la HR 4437 de 2005. Por otro lado se destina presupuesto para seguir con el plan de control fronterizo: construcción del muro, más agentes (3 mil 500), incremento de vigilancia terrestre y aérea, así como autorización para que la Guardia Nacional se incorpore al proceso de control, es decir, mayor militarización de la frontera.

El nuevo estatus de los migrantes indocumentados que hagan el trámite se llamará Registro Provisional de Estatus Migratorio (RPI) y se condicionará a la comprobación y puesta en práctica de todas las medidas de control fronterizo, que son la prioridad número uno.

Sin embargo hay dos excepciones: los dreamers y los trabajadores agrícolas extranjeros podrán iniciar el trámite antes de que se confirme oficialmente que la frontera está asegurada en 90 por ciento en las zonas de alto riesgo. Esta disposición favorece notablemente a los mexicanos, ya que constituyen más de 50 por ciento de los jóvenes que entraron de menores acompañando a sus padres y tuvieron oportunidad de estudiar o entrar al ejército, y los trabajadores agrícolas, que es un nicho laboral casi totalmente mexicanizado: cerca de 85 por ciento de éstos son nacidos en México.

Si en 180 días no se logra el control fronterizo en un nivel de 90 por ciento en las zonas de alto riesgo, el dinero pasará al Homeland Security para que diseñe un nuevo plan y eso retrasaría el proceso general de regularización.

Por su parte, los criterios más importantes para postular al estatus provisional de inmigrante (RPI) son los siguientes:

1.- Residir en Estados Unidos como irregular antes de 31 de diciembre de 2011 y permanecer desde esa fecha en el país vecino. Este criterio no exige permanencia de 5 años como la ley anterior y beneficiará a cerca de 11 millones de posibles migrantes. Es decir, sólo quedan excluidos los que entraron en 2012 y lo que va de 2013.

2.- Se deberá pagar una multa de 500 dólares, de la que quedan exentos los dreamers.

3.- No son elegibles los que tengan antecedentes criminales, tres faltas menores, o los que hayan sido convictos por una ley extranjera.

4.- Las esposas e hijos de los solicitantes pueden ser incluidos en la regularización siempre y cuando residan en Estados Unidos.

5.- Los que tengan el estatus RPI podrán trabajar con cualquier empleador y viajar al exterior.

6.- Los migrantes deportados en fecha previa al 31 de diciembre de 2011 que hayan sido expulsados por una razón diferente a un récord criminal, podrán entrar a Estados Unidos con el estatus RPI, siempre y cuando sean esposo o esposa con un niño nacido en Estados Unidos, que sea residente legal o que el joven sea elegible en el Dream Act.

7.- El período de trámite será de un año y se podría extender un año más.

8.- Los migrantes que están detenidos y en proceso de deportación podrán aplicar al status RPI.

9.- El estatus de inmigrante temporal (RPI) podrá durar un término de seis años, el cual será renovable, costará 500 dólares y sólo podrán renovarlo los que no han tenido delitos que impliquen deportación.

10.- El costo del programa será financiado con las multas de 500 dólares aplicables a cada caso.

11.- Los que apliquen para el estatus RPI no podrán acceder a ciertos beneficios sociales, especificados en la ley.

12.- Después de 10 años el migrante con estatus RPI podrá acceder a la residencia con una green card, siempre y cuando haya tenido una presencia continua en el país, pagado impuestos, trabaje regularmente, sepa inglés y conozca las leyes y regulaciones civiles, además deberá pagar $1,000 de multa.

13.- Los que se acojan al programa agrícola, podrán obtener la residencia en cinco años y los dreamers podrán acceder a la nacionalidad inmediatamente.

El texto completo de la ley tiene más de 800 páginas, sólo se han comentado en este artículo los requisitos principales para el proceso de regularización. Otros temas como la migración legal, el sistema de verificación de empleados (E-Verify), las visas temporales y el programa agrícola serán comentados en otras entregas.

Esta propuesta no satisface a todos y en cierto modo otorga concesiones a ambas posiciones extremas: una a favor de la regularización amplia y otra a favor de medidas de control extremo. Las coincidencias se dan en cuanto al control de la frontera con México.

La propuesta de ley, tal como está, en cierto modo, favorece a la población mexicana en el caso de los dreamers y los trabajadores agrícolas, igualmente en cuanto reunificación familiar y el caso de los deportados que en su mayoría (78% de los removidos) son mexicanos.

Sin embargo, el periodo para obtener la residencia es el doble de lo normal, esto coloca a los migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad. Cualquier problema con la justicia se puede convertir en causa de deportación o pérdida del estatus transitorio. En ese sentido, la propuesta de ley es un alivio, pero también pende una espada de Damocles, más aún cuando el discurso antinmigrante se ha ensañado contra la comunidad migrante y donde la justicia no es pareja para los grupos minoritarios (negros y latinos) que tienen los más altos índices de encarcelamiento.