El uso de la justicia con fines políticos, heredado del gobierno de Felipe Calderón, se ha convertido en parte del actual gobierno priísta, que tampoco muestra intenciones de cambiar de estrategia y apuesta a borrar de los medios de comunicación la información relativa a la violencia provocada por los grupos delincuenciales, consideraron diputados de PAN, PRD y Partido del Trabajo.

Refirieron que de los 290 mil millones de pesos destinados a la Secretaría de Seguridad Pública federal, un monto muy importante se destinó a desprestigiar y afectar a los opositores del régimen panista mediante acciones policiales que con el tiempo demostraron su fracaso.

En los últimos tres meses –señalaron–, a partir de la cuestionada liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez y la reciente excarcelación de Tomás Ángeles Dauahare, se ha puesto en entredicho la estrategia de la pasada administración panista, a la que se califica de selectiva y politizada.

Destacaron que el origen de todo ese entramado, del abuso y politización en el uso de la justicia, tiene que ver con la reforma de 2008 al modelo penal, que partió de la premisa de aplicar el derecho penal del enemigo, es decir, se utilizaron figuras de excepción, como el arraigo y los testigos protegidos, para aprehender a presuntos culpables, después investigarlos y en medio de todo destinarlos a penales de alta seguridad.

Ante tal crisis de confianza en el modelo penal, diputados de oposición señalaron la inconveniencia de mantener el actual esquema. Lilia Aguilar, (PT) consideró urgente que la administración encabezada por Enrique Peña Nieto presente una “nueva estrategia de seguridad, porque sólo cambiamos de siglas, y lo que vemos únicamente son policías, soldados en la calle, no una estrategia nueva.

Lo que inicio con el caso de Florence Cassez es el manejo de la justicia con fines políticos; Calderón utilizaba la Secretaría de Seguridad Pública y el Ministerio Público, y parece que el gobierno de Peña Nieto esta haciendo lo mismo al liberar a quien se comprometió a liberar, pero sigue dando línea para aplicar la justicia al contentillo. Hay contubernio, no hay nueva estrategia de seguridad; vemos un ejercicio constante de policías y del Ejército en las calles.

Al solicitarle su opinión entorno a los cuantiosos recursos que se destinan para combatir a los delincuentes y presuntos culpables, la legisladora respondió: El presupuesto de seguridad que estaba destinado a la Secretaría de Seguridad Pública ahora se canaliza a la Secretaría de Gobernación, y la pregunta es por qué dichos recursos deben destinarse a la compra de armas y no a programas sociales, que saquen a los jóvenes de la delincuencia.

En tanto, el vocero de la fracción parlamentaria del PRD, Carlos Reyes Gámiz, recordó que el modelo penal aplicado por Calderón tuvo notables fracasos, como el michoacanazo, y ahora el tema de los generales.

“Tuvo como su operadora modelo a la procuradora Marisela Morales, y ya se les cayó el teatro, porque ni uno solo de los arraigados fue consignado. Los juicios han demostrado desaseo en el debido proceso y violación flagrante de los derechos humanos. Se dio uso político y faccioso de la justicia con la única pretensión de hacer valer el estado de derecho; esto es una papa caliente que queda del sexenio anterior.

Resulta paradójico que el actual equipo gobernante no tome una definición de Estado. Ni en el Pacto por México hay una propuesta clara que modifique la estrategia de Calderón.