La Cruzada Nacional contra el Hambre debe estar vinculada a un pacto rural en el contexto del acuerdo por México para vigilar que no sea utilizada en los procesos políticos electorales ni se imponga como dádiva, asentaron Max Correa, Federico Ovalle, Guadalupe Martínez y Raúl Bedolla, integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP).

En conferencia de prensa, los líderes campesinos sostuvieron que debe revisarse todo el marco jurídico relacionado con el sector agropecuario e invertir la relación actual de destinar 1.1 por ciento del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) a los 2.6 millones de campesinos que poseen menos de cinco hectáreas y el resto a los agroindustriales.

‘‘La pobreza rural y la dependencia agroalimentaria deben corregirse con acciones de Estado pactadas con los actores del medio rural’’, dijo Max Correa, coordinador del CAP, e hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto, a su gabinete agropecuario y a los dirigentes de los partidos políticos para consensuar la reforma del campo.

Guadalupe Martínez, secretaria general del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos, aseveró que el CAP dejó perder el PEC durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Ahora, las organizaciones campesinas tienen que evaluar los programas y ‘‘si no sirven demandar su modificación o desecharlos’’.

Raúl Bedolla, de la Alianza Campesina del Noroeste, dijo: ‘‘Tiene que revivirse la contraloría social campesina y aquel funcionario que sea sorprendido utilizando los programas sociales para favorecer a un partido político en elecciones locales o nacionales debe ser despedido y castigado penalmente’’.

Hay que actuar con dureza, de lo contrario no habrá cambios sustanciales en los programas establecidos para combatir el hambre y la pobreza, destacó a su vez Federico Ovalle, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

Los integrantes del Congreso Agrario Permanente expusieron que los tres ejes fundamentales para acordar el pacto rural son: ejercicio del derecho a la alimentación; respaldar con financiamiento y apoyo tecnológico la agricultura campesina, y preservar los recursos naturales para enfrentar el cambio climático.

La organización y la producción de alimentos, agregó el CAP, debe reconocerse como asunto de interés público; por ello, el Estado tiene que invertir en bienes públicos, dar un giro al sistema financiero rural, coordinarse con universidades y centros de investigación para que indígenas y labriegos accedan a nuevas tecnologías productivas y de captación y uso del agua.