Chilpancingo, Gro., 23 de abril.

Los policías ministeriales Rey David Hernández Flores e Ismael Matadama Salinas fueron puestos en libertad la tarde de este martes, debido a que la Procuraduría General de la República no pudo acreditarles la autoría material de la muerte de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.

Hernández Flores y Matadama Salinas eran los únicos incriminados en el asesinato de los normalistas, ocurrido en un operativo policial con que se respondió a una protesta estudiantil en la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo.

Al salir del penal de Chilpancingo, los policías demandaron que se indague a los agentes federales que participaron en el desalojo y fueron captados en videos y fotografías accionando sus armas contra los estudiantes.

Fuimos chivos expiatorios, dijeron, pero señalaron que al final demostraron que son inocentes y propusieron a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida exijan que la justicia llegue a los verdaderos responsables.

En un comunicado difundido por la noche, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan anunció que “la impunidad por la muerte de Jorge Alexis y Gabriel Echeverría será denunciada los próximos días ante el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de la ONU, que visitará el estado de Guerrero, y posteriormente ante el Sistema Interamericano.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejercitó por primera vez su facultad para investigar mediante un procedimiento especial violaciones graves a derechos humanos. Precisamente, en la recomendación 1 VG/2012, derivada de dicho procedimiento, el ombudsman nacional concluyó, con base en su propio trabajo pericial, que las balas que habían matado a los estudiantes habían sido disparadas por agentes de la policía ministerial ubicados donde se encontraban quienes hoy fueron liberados; no obstante, la CNDH fue omisa en coadyuvar para que esas conclusiones fueran confirmadas en el ámbito penal”, agregó Tlachinollan.

Antes, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que este hecho evidencia que existe un alto índice de impunidad en Guerrero, con graves violaciones a los derechos humanos.

Alertó que la mano autoritaria del gobierno de Ángel Aguirre Rivero aparece ante las acciones que llevan a cabo los maestros de Guerrero clamando porque se reprima a los profesores, y que haya mano dura.