El atrevimiento de pedirle un buen servicio al chofer de un microbús le costó a una pasajera una golpiza entre dos personas, la dilación para ser atendida por el Ministerio Público y la indiferencia de un juez cívico, que le pidió pagar una multa hasta de mil 900 pesos por haber participado en una riña, si es que deseaba seguir con el procedimiento legal.

Diez días después, la mujer aún sigue peregrinando entre autoridades de la procuraduría de Justicia capitalina y la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) para que alguien haga caso de su denuncia.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril, cuando María Isabel González subió a la unidad 0011060 de la ruta 1, que corre de Taxqueña a San Ángel.

El conductor, quien se identificó como Arturo Morales Torres, sonaba el claxon en cada esquina de manera estridente y constante. Ella le pidió que dejara de hacerlo. Si no te parece, ¡bájate!, obtuvo en respuesta. Ella le advirtió que lo reportaría porque además viajaba con una mujer a su lado, sentada en un bote, y llevaba un pequeño niño en brazos que no dejaba de llorar. Haz lo que quieras, le volvió a contestar. Al llegar a la terminal, María Isabel anotó las placas de la unidad y la acompañante del chofer, identificada como Ana Gabriela de la Luz Anaya, la amenazó con partirme la madre si me metía con su esposo. La pasajera respondió que eso agravaría la queja.

Esta vez la reacción fue un puñetazo en el rostro de María Isabel. Ambas mujeres cayeron al piso. La usuaria trataba de contener los golpes y rompió la blusa de su atacante. El conductor del microbús la empezó a patear hasta que alguien intervino. Aunque llamó una patrulla, nunca llegó.

Eran las 21:48 horas y, herida, tuvo que caminar hasta ver una unidad policiaca a cuyos tripulantes reportó lo sucedido y les dio el número de la matrícula. La unidad fue localizada en el paradero de San Ángel.

La pareja fue remitida a la agencia 24 del Ministerio Público, donde María Isabel quería levantar una denuncia. Primero los uniformados, quienes platicaron con el chofer más de una hora antes de presentarlo con las autoridades, trataron de disuadirla, advirtiéndole lo largo y complejo que sería todo.

Ella insistió. Sin embargo, tras los exámenes médicos, el agente del MP José Bernabé Hernández Mosco determinó que aún con el esguince cervical de segundo grado, policontusiones y dorsalgia postraumática, el caso correspondía al juez cívico de la agencia, ya que las heridas tardaban en sanar menos de 15 días.

El funcionario público del juzgado cívico de la Coordinación Territorial AOB4, que se identificó como Javier Rojas Rojas, le dijo que si quería continuar con el procedimiento, tenía que pagar una multa hasta de mil 900 pesos por participar en una riña, aun cuando ella fue agredida por dos personas, quienes no presentaban lesiones pero eran respaldados por un tal licenciado José Peña Arenas, quien dijo ser el representante legal de la ruta.

Como María Isabel no llevaba consigo ese dinero, ni tenía asesoría legal, accedió, por sugerencia del juez, a firmar un acuerdo de reparación del daño. Eso sí, el mismo Rojas Rojas les dijo que lo hicieran fuera del mostrador del juzgado y que él no podía firmar nada.

Hoy María Isabel tiene los moretones, el collarín e intensos dolores de espalda y cuello. El abogado no aparece y las visitas al juzgado y las cartas enviadas al titular de la Setravi, Rufino H. León Tovar, cuya copia tiene este diario, no han sido tomadas en cuenta.