El acto de referirse a los sospechosos de cometer un delito como mugrosos y asumir que muchos de ellos son jóvenes demuestra no sólo una actitud discriminatoria y estereotipada por parte de los responsables de la Policía Federal (PF), sino también que muchos funcionarios siguen sin reco­nocer ni practicar los avances de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, advirtieron integrantes de organizaciones sociales.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que al referirse a los posibles autores de un ilícito con esas palabras, el comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ce­ballos, olvida que la presunción de inocencia está reconocida en la Constitución, y por lo tanto no se debe estigmatizar a nadie con ese tipo de definiciones.

Además, indicó, el discurso del funcionario demuestra una actitud abiertamente discriminatoria en contra de los jóvenes, a quienes se sigue considerando como potenciales delincuentes. “No es casual que mencione a un joven de 20 años como ejemplo de un ‘mugroso’ . Se trata de un estereotipo o generalización muy preocupante, porque una autoridad debería ser respetuosa de la ley” .

En cuanto a las declaraciones de Galindo de no darles fama a los criminales a través de la prensa, Cortez manifestó que no presentar a los sospechosos de un delito ante los medios informativos puede ser una medida positiva, en tanto no se les expone al escarnio público sin haber concluido la investigación correspon­diente, pero al mismo tiem­po indicó que la opacidad no es tampoco la mejor alternativa.

Quieren vendernos la idea de que si la justicia es opaca es más efectiva, pero eso es mentira. Sólo hace que los procesos sean más arbitrarios y haya más violaciones de derechos humanos. Estas declaraciones demuestran que los funcionarios necesitan conocer la reforma constitucional de junio de 2011, pero sobre todo necesitan aplicarla , estimó.

Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, consideró que las afirmaciones de Galindo confirman que las autoridades siguen la política de criminalizar a las personas de acuerdo a su apariencia, y exhortó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a actuar de inmediato.