La posibilidad de modificar en la Cámara de Diputados la minuta sobre telecomunicaciones provocó una fuerte discusión entre los senadores del PAN, lo que prácticamente dividió a la bancada blanquiazul.

Primero durante la reunión en el consejo político del PAN, la noche del miércoles, y ayer durante la reunión previa a la sesión, se debatió esa posibilidad de que en San Lázaro enmienden la plana al Senado, ante lo cual los legisladores afines al ex presidente Calderón expresaron su rechazo.

En entrevista, el senador Roberto Gil Zuarth sostuvo que es una exquisitez de algunos pretender que se modifique la redacción del párrafo séptimo del artículo 28 constitucional, que el Senado introdujo, y por la que se regresó a los empresarios la posibilidad de ampararse y lograr la suspensión en el caso de multas y desincorporación de activos.

Durante la reunión del consejo, el senador Javier Corral insistió en que es imprescindible modificar la redacción del mismo, para que se evite caer en generalizaciones que pueden llevar de nueva cuenta a abusos por parte de las empresas.

El cambio es, de hecho, de una sola frase. Tal como salió del Senado ese artículo establece que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

A ello, y a propuesta de la bancada del PAN, se le agregó: solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) imponga multas, o la desincorporación de activos, derechos o partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

La propuesta de Corral es que en lugar de decir las resoluciones diga estas resoluciones. Con ese criterio coincide la Cofeco, órgano que hizo llegar ayer un escrito al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, en el que se precisa que las resoluciones en materia de competencia normalmente, además de establecer una multa o una orden de desincorporación, contienen otras disposiciones, entre ellas, por ejemplo, la orden se suprimir o corregir la práctica ilegal de que se trate.

Al hacer referencia a las resoluciones, en lugar de específicamente a las multas o a las órdenes de desincorporación, se corre el riesgo de que un agente económico interprete que la disposición constitucional de no ejecutar no se refiere exclusivamente a esos supuestos, sino a la totalidad de los resolutivos en determinado acto administrativo.

En ese escrito, signado por el comisionado de la Cofeco, Rodrigo Morales, se insiste en que con ello se generará incertidumbre, que podría conducir a los litigios, y ha debilitado en el pasado las actuaciones de esa comisión, lo que la reforma precisamente busca evitar en el futuro.