La reforma al artículo 27 constitucional mediante la cual se permitirá a extranjeros comprar inmuebles en playas y litorales mexicanos tiene tintes inmobiliarios y es omisa en garantizar el acceso efectivo de todos los mexicanos a esos sitios, señaló Agustín Bravo, director de la oficina noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Explicó que el fondo de la iniciativa, que todavía tiene que ser discutida en el Senado, es brindar certeza jurídica y facilitar las inversiones en las zonas costeras en el ánimo de potenciar una mayor inversión extranjera, ya que con los esquemas actuales de fideicomisos y empresas inmobiliarias hay limitaciones.

Consideró que no hay estudios ni la fundamentación que soporten la necesidad de este cambio o en virtud de qué ahora sí los extranjeros podrán tener dominio pleno sobre propiedades en el litoral mexicano y tampoco se prevé que esto vaya a traer como consecuencia un incremento en los ingresos del país.

Añadió en entrevista que no se ha garantizado el acceso efectivo de todos los mexicanos a las playas: “de facto éstas se han ido privatizando y no hay mecanismos efectivos que tutelen el acceso a zonas de litoral una vez que son urbanizadas. Es de vital importancia para la poblaciones costeras, porque las playas son de importancia social y cultural de primer orden”.

México carece de un ordenamiento costero, mientras esto no tenga lugar y a pesar de esta reforma con tintes inmobiliarios, seguirá una pérdida acelerada del capital natural en las costas. Consideramos que es una oportunidad perdida puesto que en el escenario actual en que se plantean reformas estructurales habría que haber considerado un cambio de este tipo a los ordenamientos que regulan y que debieran proteger los ambientes costeros mexicanos.