l igual que la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud de Peña Nieto, una vez más la OCDE-Gurría puso por los cielos al Seguro Popular. Ya lo había hecho en México: mejores políticas para un desarrollo incluyente (septiembre, 2012) al sostener que los avances hacia la cobertura universal de salud han sido extraordinarios. El Seguro Popular es innovador en muchos sentidos. Pero en Getting it right: Una agenda estratégica para las reformas en México (febrero, 2013) le subió el volumen: Esto ha sido un éxito rotundo. A nivel mundial, es considerado un ejemplo de innovación.

¿Y lo es? Tal vez lo sea en la ya larga y poco transparente operación resultante de fallas de fondo en su diseño, al ejecutar un programa federalista en extremo centralizador, que culmina en frecuentes episodios de corrupción. Como lo confirman –después de los sonados casos del Guerrero del ex gobernador Zeferino Torreblanca y en el de Oaxaca con el ex gobernador Ulises Ruiz– los siguientes cinco episodios recientes.

Opacidad. En febrero de 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en su Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, que durante ese año los estados mantuvieron irregularidades en el manejo del gasto federalizado. Se trata de prácticas opacas que incumplen con informar sobre el destino de los recursos recibidos. En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Seguro Popular) se realizaron transferencias de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas y falta la documentación comprobatoria de gastos. La ASF revisó todas las aportaciones federales, que suman 705 mil millones de pesos. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitará una auditoría porque fue una gran cantidad de recursos que se entregaron al Seguro Popular y es necesario que los mexicanos tengan información precisa y clara.

En abril, la ASF propuso a los diputados aprobar una ley de gasto federalizado para ejercer control sobre las transferencias debido a que persiste el uso discrecional, como se demostró con las auditorías al Seguro Popular. Aunque, precisó, se lograron recuperaciones por 4 mil 401 millones de pesos y probables por 8 mil 291 millones de pesos, derivados de irregularidades como pagos a personal no financiables con esos fondos, falta de comprobación del gasto y transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos.

Tabasco. Para mediados de febrero 2013 estaba claro que el ex gobernador priísta Andrés Garnier sembró una crisis inédita en lo que alguna vez fue el modelo sanitario estatal de referencia nacional. ¡Una colosal desaparición de fondos federales para el Seguro Popular por mil 226 millones de pesos! Los recursos se trasladaron a cuentas de terceros y se gastaron en destinos ajenos a los fines previstos sin comprobación y reintegro a las arcas de Tabasco.

En abril 2013, la doctora Mercedes Juan reconoció que hubo desvío de recursos en el Seguro Popular de Tabasco, aunque se trabaja de cerca con los gobiernos estatales y la Secretaría de Hacienda para detectar anomalías en la aplicación de ese dinero ( La Jornada, 13/4/13).

Michoacán. Al culminar marzo 2013 la Procuraduría General de Justicia del estado confirmó que investigaba un faltante por ¡930 millones de pesos! destinados –en 2011– al Seguro Popular, durante la administración del ex gobernador perredista Godoy. Se presumen delitos por peculado, cohecho y falsificación de documentos.

Veracruz. En abril 2013 el secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, confirmó la suspensión de contratos con varios proveedores farmacéuticos ante el desabasto frecuente en hospitales del estado. La controversia se centra sobre la empresa de subrogaciones Finamed y respecto a la cual Nemi Dib ofreció realizar un balance de su desempeño. Y es que, según Servicios Sanitarios de Veracruz, hubo graves deficiencias en el equipo instalado por la firma en 12 hospitales durante 2012. Los contratos con Finamed iniciaron con el gobernador priísta Fidel Herrera desde 2008. Poco después, Nemi Dib comunicó que se registraba un desabasto de 40 por ciento en las farmacias del Seguro Popular. El 23 de abril Nemi Dib anunció la expropiación del equipo médico que Finamed tenía en 11 hospitales para la prestación de servicios complementarios, debido a que se incurrió en violaciones al contrato como la falta de instrumentos suficientes y la intención de cobros improcedentes.

Guanajuato. En abril 2013 el gobernador panista Miguel Márquez cesó a dos funcionarios de la Secretaría de Salud que otorgaron contratos a una empresa involucrada en un fraude en la adquisición de equipos médicos por 294 millones de pesos durante la administración de su antecesor, también panista, Juan Manuel Oliva.

Aunque la OCDE parezca estar francamente desinformada respecto a estos éxitos rotundos y frente a los cuales la recién aprobada Ley General de Contabilidad Gubernamental sólo refuerza la naturaleza disfuncional de ese federalismo que Peña Nieto prefiere calificar de articulado.

Pero mientras la doctora Mercedes Juan advierte que, vía el Seguro Popular, lo que queremos es que una persona pueda elegir adónde se quiere atender y, si llegáramos a esto, permitiría aumentar la competencia entre los servicios de salud y, de esta manera, mejoraría la calidad, el hombre fuerte de Peña Nieto en la Ssa, Gabriel O’Shea –comisionado nacional de Protección Social en Salud– declara que, aunque necesario, ese Seguro Popular demanda ajustes legales para mejorar y asegurar el uso eficiente del dinero en beneficio de la salud de las personas.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco