l problema de la deuda de las entidades federativas ha sido mal enfocado en nuestro país. La propuesta que votará el Congreso de la Unión sobre el tema redondea un sistema que prioriza a las entidades financieras por encima del interés público. Por si fuera poco configura un mecanismo centralista de control político que responde más a la restauración del sistema priísta que a una supuesta disciplina financiera de las entidades federativas. El peligro es acabar para siempre con nuestro sistema federal.
El federalismo es una de las definiciones políticas fundamentales del pueblo mexicano. Implica la distribución de competencias entre los ámbitos de gobierno y su esencia es la permanencia de la soberanía –la capacidad de los Estados para definirse a sí mismos– precisamente en torno a esas competencias. Para que el federalismo exista es indispensable la autonomía política y financiera, autonomía jurisdiccional y autonomía legislativa.
La deuda no es un problema en sí mismo. Es un instrumento que sirve a las entidades públicas para obtener recursos que financien su desarrollo. En realidad el conflicto de la deuda estatal ha sido escandaloso en México por corrupción, nula rendición de cuentas e impunidad. La deuda contratada no se reflejó en las obras que constitucionalmente deberían ser productivas y su crecimiento se circunscribe a algunos estados y municipios.
El problema real es que se contrata deuda para obras inexistentes y el dinero termina en los bolsillos de los gobernantes o en campañas electorales, lo que genera cómplices que garantizan impunidad. Éste es, en todo caso, un problema de división de poderes, de debilidad institucional de los congresos frente al gobierno, de sometimiento de un poder frente al otro e incluso de una peligrosa captura del Estado
que es orillado a endeudarse en beneficio de las instituciones bancarias.
Pero, ¿es el endeudamiento de entidades federativas realmente un peligro macroeconómico? En México la deuda subnacional (de entidades federativas y municipios) no es el principal problema, ya que mientras el sexenio pasado ésta creció 1.2% del PIB, el gobierno federal acrecentó su endeudamiento 16.2 puntos del PIB. Parece haber otros motivos para tan graves modificaciones.
Esta reforma perfecciona un sistema que enfoca a las entidades financieras como la prioridad del Estado, pues se modifica la Constitución para quitar la disposición de que toda deuda contratada sea exclusivamente para inversiones públicas productivas. Ahora será constitucional contratar deuda para pagar más deuda. Asimismo se hace una definición de deuda pública tan general que abre la puerta a más rescates aún más graves que el famoso Fobarpoa. Se aprovecha la reforma para incluir en la Constitución que “el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero…” y que “procurará el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales….”
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las recientes reformas constitucionales de disciplina financiera
reproducen fielmente las modificaciones constitucionales impuestas a convulsionados países como España y Grecia por el Fondo Monetario Internacional. El sometimiento a esas reglas absurdas en favor del mercado financiero ha desatado una crisis social enorme en aquellos países. ¿Por qué México tiene que admitir esas mismas reformas?
En el nuevo esquema, si un gobierno aumenta su recaudación, implementa un programa de austeridad y ahorra o tiene disponibilidades de recursos, debe pagar sus obligaciones con el sistema financiero internacional aun antes que cualquier otro gasto funcional o social. Los bancos por encima del pueblo y del gobierno.
Con la aprobación de esta reforma se da más poder al poder. La negociación de los techos de endeudamiento pasará a manos del secretario de Hacienda. La reforma hace énfasis en registrar las obligaciones financieras estatales pero omite enfrentar el monto real de la deuda federal, que debe ser aprobada por el Congreso de la Unión. El Fobaproa, los Pidiregas y ahora las APP son monumentales ejemplos de endeudamientos escondidos.
Desde la izquierda hemos estado en contra de que al DF se le trate como entidad federativa de segunda, al aprobarse su endeudamiento desde al ámbito federal, violando su autonomía. Con esta reforma a todas las entidades federativas se les aplicará ese sistema centralista y ahora serán de segunda por mandato constitucional.
Existen alternativas para regular la deuda de los estados. Podríamos regular el endeudamiento desde el otro lado de la moneda: las entidades financieras. Requerirles el registro de endeudamiento a ellas, regular las condiciones de los préstamos en montos, plazos, tasas, garantías, etcétera. La deuda es la única adquisición gubernamental que no se licita. Se tiene que regular y transparentar el mercado de deuda. Se debe hacer válida la prohibición constitucional que impide el endeudamiento con sociedades o particulares extranjeros, pues casi todos los bancos que hoy operan en México son extranjeros. Complementariamente se debe impulsar el uso de la banca de desarrollo, lo que reactivaría esta institución, incluso para las empresas, haciendo obligatorio el uso de esta banca en los compromisos de mediano y largo plazos.
Controlar el absurdo endeudamiento no implica dinamitar una definición fundamental de nuestra República: el federalismo.
*Economista, ex secretario de organización del CEN del PRD
Twitter: @SanAmilcar
