Con el fin de cumplir con una oferta de campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para sancionar con una multa equivalente hasta de 300 días de salario mínimo a directores de escuela o maestros que retengan documentación, condicionen el ingreso o la reinscripción de alumnos al pago de una cuota.

Ante las críticas de Movimiento Ciudadano, el pleno aceptó suprimir de la reforma la intención de equiparar esa práctica al delito de abuso de autoridad, que se castiga con prisión de uno a ocho años.

La iniciativa original del diputado Tomás Torres (PVEM) consideraba adicionar un artículo 215 bis al Código Penal Federal para equiparar al delito de abuso de autoridad el pago de cuotas escolares y sancionar con tres días hasta tres años de prisión, además de la multa, a quien lo cometiera.

No obstante, la Comisión de Justicia aprobó un dictamen en el cual sólo se equiparaba el cobro de cuotas al delito de abuso de autoridad, pero en los considerandos citaba el tipo penal y su sanción, contenidos en el penúltimo párrafo del artículo 215 del citado código.

Ese apartado impone de uno a ocho años de prisión y de 50 a 300 días de multa, así como destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En tribuna, diputados de Movimiento Ciudadano y el Partido Nueva Alianza (Panal) cuestionaron que el fondo de la reforma tenía por objeto facilitar el encarcelamiento de profesores.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, cuestionó que la adición de un artículo 215 bis al Código Penal contradice las disposiciones del artículo quinto transitorio de reforma a la Constitución en materia de educación, donde se definió la obligatoriedad de cuotas para la remodelación de escuelas.

Quieren criminalizar a los maestros, además correrlos y privarlos de su encargo, agravada su situación porque quedarán inhabilitados por ocho años. ¿No les parece que la pradera está muy seca para seguir incendiándola?, cuestionó.

Sonia Rincón (Panal) expresó el rechazo a este intento de criminalizar a los docentes y padres de familia, y de dirigirla a un sector específico, cuando el problema (de falta de fondos para escuelas) va más allá.

Las críticas a la reforma motivaron que Tomás Torres sostuvierta que Monreal y Rincón no leyeron correctamente el contenido del dictamen.

En respuesta, Monreal pidió leer la exposición de motivos, donde se afirma que el objeto de la reforma es elevar la conducta que motivó esta iniciativa a tipo penal, lo cual, agregó, traerá como consecuencia la reflexión de los posibles sujetos activos, al existir una medida coercitiva para quien cometa este delito.

La coordinadora del Panal, María Sanjuana Cerda, afirmó que los mentores están comprometidos con la gratuidad de la educación, pero no se valen descalificaciones para sacar adelante una propuesta de campaña, sin ver que se cometió un error al fundamentarlo. ¿Qué les cuesta rectificar? No venimos a defender que se cobren cuotas, sino que se escriba como debe ser para que se lea correctamente.

Finalmente, la bancada del partido del sol azteca propuso suprimir la definición de equiparar al abuso de autoridad la exigencia de cuotas escolares, lo cual aprobó el pleno.