El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, advirtió en el Senado que durante su visita a México Barack Obama debe ‘‘poner fin a su silencio’’ y respaldar las iniciativas que lance el gobierno mexicano para juzgar a los responsables ‘‘de los delitos más aberrantes’’ cometidos en los pasados seis años en materia de derechos humanos.

A su juicio, Enrique Peña Nieto y Obama deben manifestarse públicamente por el respeto a los derechos humanos como condición esencial y no como obstáculo para la seguridad pública; por ello, ‘‘deben expresar claramente que la desarticulación de los poderosos cárteles que operan en México no debe ser por medio de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones forzadas’’.

La réplica blanquiazul

Sus declaraciones molestaron a legisladores del PAN y a la activista Isabel Miranda de Wallace, quienes salieron en defensa del ex presidente Felipe Calderón, pero Vivanco les reafirmó que el balance del pasado sexenio en materia de derechos humanos es muy negativo.

‘‘Los funcionarios del gobierno anterior enseñaban los rostros de los sospechosos como efecto publicitario, eran shows; los funcionarios se valieron de esa situación para engañar a las víctimas y las instituciones han quedado minadas porque no se respetaron la presunción de inocencia y el debido proceso’’, dijo.

Recalcó que cuando HRW le hizo notar al ex presidente de la República, en noviembre de 2011, ‘‘las atrocidades producto de su estrategia contra el narcotráfico, (el mandatario) las negó, como hizo durante cinco años, pero al final de su mandato ya era muy tarde, aunque sostuvo que eran hechos aislados’’.

La panista Gabriela Cuevas aseveró que ‘‘hay quienes pretenden nada más que haya cambios con discursos. No porque se deje de hablar en los medios de comunicación de la inseguridad, ésta ya no existe. No porque en los titulares de los diarios o noticieros ya no esté el número de muertes, éstas ya no existan’’.

Miranda de Wallace, ex candidata por el PAN a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, destacó: ‘‘Me preocupa que se haya dado el espaldarazo al nuevo gobierno y se ha desavalado al anterior. Cuando se pone todo en blanco o negro, se deja de apreciar lo que hemos hecho como sociedad acompañando al gobierno. Me parece peligroso decir que ahora todo va muy bien, porque seguimos teniendo violaciones a derechos humanos y la violencia sigue en el país’’.

Al participar en el foro Derechos humanos, migración, armas y drogas en la relación México-Estados Unidos, organizado por el Senado, HRW y Daniel Zapico, de Amnistía Internacional (AI), recomendaron a los legisladores eliminar definitivamente de la Constitución la figura del arraigo, porque acotarlo, ‘‘como se está discutiendo en la Cámara de Diputados, es violatorio de los derechos humanos’’.

Vivanco expuso ante los senadores que aunque en San Lázaro están proponiendo reducir el arraigo a 30 días en lugar de los 80 que hoy tiene, ‘‘es un avance, pero promueve la negligencia y garantiza un ambiente para el ejercicio de la tortura y detenciones arbitrarias’’. Esta figura, dijo, ‘‘no es compatible con el estado de derecho’’.

Al hablar sobre el fuero militar, Vivanco reconoció que aunque el gobierno de Calderón hizo un esfuerzo por modificarlo, ‘‘se quedó cortó, porque en su iniciativa no incluyó todos los delitos, por ejemplo, la ejecución extrajudicial’’.

El arraigo viola derechos humanos

Zapico destacó que ‘‘la reforma que se discute en la Cámara de Diputados no es suficiente, porque el arraigo es violatorio de los derechos humanos. Si el legislador mexicano considera que se debe seguir aplicando esa figura, lo hace a sabiendas de que se va a seguir torturando y fabricando pruebas. Si la aprueban en esos términos, México se va a seguir ganando la condena de organismos internacionales’’.

Además, en una carta enviada al presidente Obama, el mismo Vivanco señaló que su próxima visita a México es ‘‘una excelente oportunidad para que exprese su preocupación’’ en torno al tema de los derechos humanos y respalde una nueva estrategia en la que –como lo ha dicho el presidente Peña– debe ‘‘sincronizarse el plan de seguridad y justicia con el de derechos humanos’’, aunque hasta la fecha no ha presentado propuestas concretas para alcanzar dichas metas.