a idea ampliamente difundida de que todo el problema de la enseñanza nacional tiene su origen en el dominio del sindicato sobre el aparato educativo, lejos de cuestionar la naturaleza antidemocrática del SNTE, se aprovechó en sentido contrario para identificar a los maestros como la causa obvia, automática, de las deficiencias de toda la enseñanza, y a su organización, el sindicato, como un elemento extraño, ajeno por completo a la práctica vocacional del magisterio.

A esta injusta caracterización del maestro contribuyeron las declaraciones interesadas de algunos expertos que se rasgaron las vestiduras con las pruebas aplicadas a los alumnos, pero también, justo es decirlo, a la defensa a ultranza de insostenibles conquistas laborales que ninguna ley podría proteger, como la herencia de plazas. Reconocida la profundidad del desastre educativo, vimos en los últimos tiempos cómo en lugar de propiciarse un verdadero debate nacional, cuidadoso e incluyente, en torno a los objetivos de la educación que necesitamos, se abrió paso una interpretación simplificadora promovida por importantes grupos privados, amparados bajo el paraguas mediático de los poderes fácticos, en la cual se hace creer que bastaría con expulsar de las aulas –y de la plantilla laboral– a los maestros incompetentes, a los flojos o revoltosos, para limpiar el terreno y acceder a niveles del primer mundo en calidad de la enseñanza. Así, junto con la campaña a favor de la evaluación necesaria (irrecusable en cualquier servicio público) se conjugó otra cuyo objetivo (alcanzado en parte) era –y es– devaluar a los maestros para culparlos unilateralmente del desastre de la educación nacional. Más adelante, consumada la defenestración de la lideresa vitalicia del SNTE por sus desacuerdos con el nuevo gobierno, se dio a entender que el camino para la reforma ya estaba despejado y sólo se trataba de armar el rompecabezas legislativo para asegurar en la Constitución los principios que adquirirán sentido al aprobarse las leyes secundarias. Y, en efecto, el SNTE hizo mutis para que todo siguiera igual.

Mientras, en la estela del problema magisterial iban quedando huellas de cada uno de los pasos dados hasta llegar aquí. Los encargados de promover la reforma constitucional se abstuvieron de aclarar hasta qué punto la aparente ambigüedad de algunos conceptos no implicaba meter por la puerta falsa el espíritu privatizador que alentó la gestión de Calderón, cuando muchos de los gestos presidenciales se dirigían a reforzar la preferencia ideológica hacia los valores de la escuela particular, creada y multiplicada por entidades privadas y religiosas para oponerse a la enseñanza pública, laica. Uno puede decir que no es eso lo destacable en la reforma constitucional, pero es imposible pedir que no se desconfíe de la buena fe de las autoridades (hasta ayer aliadas con Gordillo) cuando en el pasado reciente se hizo todo lo imaginable para fomentar el temor entre los maestros ante las proclamadas dudas sobre la vigencia de sus derechos laborales, sobre todo entre aquellos que viven y trabajan cotidianamente allí donde el desastre pedagógico y material es más visible, esto es, en las zonas críticas de la pobreza y la marginación, que son las mismas donde la protesta magisterial adquiere visos alarmantes de conflictividad y donde hablar de privilegios en relación con la masa magisterial es una leyenda obscena.

Sin embargo, es notable el silencio amenazador de la autoridad, incapaz de atender una problemática que se le escapa peligrosamente de las manos. Después de varias semanas de duras y reprochables confrontaciones, además de condenar los actos irreflexivos de violencia en la Autopista del Sol y en los locales de los partidos, ¿no sería adecuado, junto con las exigencia de tolerancia y respeto hacia los demás, que el secretario de Educación, tan proclive a las grandes frases, intentara diluir con argumentos convincentes la idea de que detrás de la reforma hay una conspiración contra la gratuidad de la enseñanza, los derechos de los maestros y el cuidado de los educandos? ¿O es que está en el cálculo político la esperanza de que la disidencia se vea destruida a sí misma por la acción de los aventureros y provocadores que reaparecen puntualmente?

La reforma educativa pondrá en manos del Estado mejores instrumentos para recuperar la rectoría del Estado que éste había perdido, y no sólo a manos del SNTE, pero ninguna transformación de la escuela pública a mediano plazo podrá realizarse sin el concurso activo de los maestros. Lo peor que puede pasarle a la sociedad mexicana es que se dé crédito a las visiones clasistas y discriminatorias que desprecian a los profesores que viven y trabajan en las regiones más empobrecidas de México. Debería ser lo contrario: sus voces tienen que escucharse y ser atendidas, antes de que la vorágine del conflicto acabe con la esperanza. Esa es la única defensa contra las provocaciones en la grave situación actual.

No está de más recordar que la enseñanza entró en crisis cuando los grandes valores de la reforma social desaparecieron de la vida pública: el magisterio, que llevó sobre sus hombros buena parte de la responsabilidad por la socialización del cambio en México, fue desplazado ignominiosamente con la represión contra el movimiento de Othón Salazar, en 1958. El gobierno abandonó la alianza con el magisterio, dejó de lado toda idea de futuro en la educación básica y se conformó con llenar las estadísticas a cualquier precio. El sindicalismo más corrupto se eternizó como simple instrumento del poder. Hoy, cuando la necesidad de salvar a la educación consiste en elevar significativamente su calidad, urge que los trabajadores de la enseñanza en todos los niveles sean considerados sujetos activos de la reforma estratégica, no simples empleados al servicio de un ente burocrático sin ideas propias. Y eso exige democracia interna en sus organizaciones, deliberación efectiva y responsabilidad social.