e necesita serenidad y valor para dar un paso atrás, lo que se justifica cuando claramente es lo debido y quizá este es un caso de ello. Durante la campaña, Enrique Peña propuso crear una gendarmería
como coadyuvante para la contención de la ola criminal. El hecho debe aceptarse como lo que fue en su origen: uno de los miles de temas que brotan en esas circunstancias y que, ante las serias dudas que se enfrentan, nadie demandaría que se correspondiera con hechos.
Habría varias razones para ser muy cautelosos en la idea de ir adelante:
1. La impresión general es que hay una gran desinformación sobre cuál sería el deber ser de esa gendarmería. No la hay sobre el qué, el cómo, cuándo, dónde y para qué. La gendarmería irá adonde sea requerida como policía de proximidad
, precisó intachable Mondragón ante el Senado.
2. Se filtró que se dedicaría a tareas complementarias o adicionales de la Policía Federal, dándole como vocación las zonas no urbanas, como lo han hecho históricamente gendarmerías de otros países. Aquí se soslaya exponer que en aquellos países que tienen este esquema de dos cuerpos policiales: Arma dei Carabinieri italiana, Gendarmerie Nationale francesa, Guarda Nacional Republicana portuguesa, Koninklijke Marechaussee neerlandesa, Guardia Civil española, y otros, la tendencia es a su unificación. Su mayor problema, del que todos se quejan, son los constantes conflictos que surgen de la difícil identificación y respeto de las jurisdicciones territoriales. Se soslaya también que esos cuerpos están promoviendo la unificación que se pretende llevar incluso hasta la consolidación en la Unión Europea.
3. El mayor inconveniente es la incógnita sobre si se habla de retirar al Ejército del enfrentamiento al crimen, y simultáneamente se dice que la gendarmería se nutriría de sus filas; se está, por lo menos, ante una gran contradicción. Se dice que se rentrenará
a los militares, con lo que se acepta que hoy como son no son aptos. No se aclara quién tendría la capacidad técnica ni material para hacerlo.
Qué gran peligro es confundir soluciones militares para desafíos que evidentemente no lo son. Sería sumamente difícil extinguir en los militares el instinto agresivo, de represión: para eso fueron hechos. Tan difícil como generar en la misma persona el sentido de protección, redención y adhesión social obligadas en un policía. Si como se plantea, las tropas integrarán sólo transitoriamente la gendarmería, nada se dice sobre los métodos de reclutamiento, formación y las condiciones legales, principalmente la laboral, que regiría a los civiles reclutados.
4. Ante la tremenda demanda previsible de formación de recursos humanos de tropas, mandos medios, superiores y especialistas, tanto para la Policía Federal como para la gendarmería, no se plantea una solución. Este tema se ha soslayado siempre. ¿Cómo tener mejores policías si no hay cómo producirlos? Mientras no se piense en términos de formación académica de calidad, no se espera nada distinto a lo actual.
5. Para la inclusión supuesta de los militares no se han tomado en cuenta sus intereses profesionales: ¿qué régimen jurídico los normará como gendarmes? ¿Los códigos militares se harán vigentes en una institución civil? ¿Se aplicará lo que coyunturalmente convenga al mando? ¿Se reconocerá su tiempo de servicio en la gendarmería? ¿Su desarrollo profesional se plantea con su regreso al Ejército, o con su permanencia en la gendarmería? Si esto fuera así, ¿con qué proyecto? ¿Obtendrán doble sueldo y prestaciones? En síntesis, y como preocupación legítima de ellos, ¿qué ganan, qué pierden, qué arriesgan?
Los grandes problemas de México son inerciales. Nada empezó ni nada terminará con Enrique Peña. Por eso sus soluciones deben concebirse con una perspectiva histórica, así se les deben ver y entender. Así, por supuesto, deben ser las proyecciones de su mañana. Sobran ejemplos de lo bien hecho a pesar de sus jorobas temporales.
La perspectiva actual de la gendarmería anunciada no tiene esas dimensiones. Su proyecto, cuando lo hubiera, se debería exponer ampliamente a la opinión pública, al pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública y, de manera concluyente, al Congreso de la Unión.
Una conclusión tan simple como irrebatible: ante una decisión histórica, por lo mucho que está en riesgo como solución y lo mucho que está en juego como albur, aparentemente se está sin un proyecto suficientemente estructurado y valorado. ¡Qué riesgo!
