Con el propósito de dar solución al conflicto generado por la toma de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la media noche del martes el abogado general de la institución, Luis Raúl González Pérez, envió una carta a los jóvenes que ocuparon el inmueble durante 12 días.

En el documento propuso iniciar un diálogo con los inconformes el próximo 9 de mayo para analizar la actualización de los planes y programas de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Con ese acercamiento se pretendía que los jóvenes entregaran las instalaciones, se normalizaran las actividades y se evitara la profundización del conflicto.

La misiva de González Pérez –entregada por conducto de integrantes de la organización Servicios y Asesoría para la Paz, que medió entre las partes– estaba formulada en los siguientes términos:

En mi carácter de representante legal de la universidad, me dirijo nuevamente a ustedes para señalarles que la rectoría siempre ha privilegiado un diálogo franco y abierto entre los universitarios como fórmula para plantear demandas, inconformidades, discrepancias y también, como mecanismo para encontrar respuestas a los problemas.

Al referirse al diálogo para debatir la reforma al CCH, rectoría manifestó su interés de llevar a cabo una discusión amplia y abierta. Y planteó crear una comisión que organizaría una mesa de diálogo, integrada por representantes de la rectoría y del CCH y por una representación de los inconformes.

La primera sesión de esta comisión se desarrollará el 9 de mayo a partir de las 13 horas, con reglas previamente acordadas de manera bilateral, que incluirán, entre otras, el número de universitarios representantes en las mesas, el lugar y la fecha de conclusión de los trabajos.

En el punto dos señaló que la rectoría busca la normalización de las actividades y no existe intención de su parte en la profundización del problema.

En el documento aclaró que los estudiantes del CCH Naucalpan que fueron sancionados la semana pasada por el Tribunal Universitario –cinco de ellos expulsados de manera definitiva por su participación en disturbios en ese plantel– tienen garantizados sus derechos para interponer los recursos que la legislación universitaria prevé, así como otros recursos legales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

En el cuarto punto la rectoría indicó que ha velado y velará por fortalecer la unidad y la integridad de los universitarios, y se ha preocupado por evitar el enfrentamiento entre los miembros de su comunidad, y reitera que esta ocasión no será la excepción.