Con los votos del PRD, las bancadas de PRI y PVEM en la Cámara de Diputados lograron reformar el artículo 16 de la Constitución para limitar el arraigo a un periodo máximo de 40 días.

Sin embargo, se facilitó al Ministerio Público la posibilidad de retener, sin presentar a un detenido ante la autoridad judicial por tres días más, lo que de acuerdo con la estimación del PAN abriría la puerta a miles de detenciones no relacionadas con la delincuencia organizada.

En la última sesión del periodo ordinario, la Cámara de Diputados dejó sin resolver la elección del consejero electoral que sustituirá a Sergio García Ramírez, y la minuta del Senado en materia de transparencia.

El martes, el pleno aprobó con 389 votos la reforma sobre arraigo en lo general, pero después en la aprobación en lo particular PRI y PVEM –y su nuevo aliado el PRD– lograron avalar el contenido con sólo 280 votos, 121 en contra (de panistas y un sector del PRD) y 12 abstenciones.

Con 412 diputados presentes, el dictamen fue avalado apenas con seis votos después del mínimo requerido de dos terceras partes para una reforma constitucional, y fue enviado como minuta al Senado.

Ese resultado se logró, revelaron diputados del PRD, luego de que la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Aleida Alavez, junto con su compañero Catalino Duarte, maniobró para que un bloque de la bancada perredista desechara una reserva del PAN, que buscaba eliminar la ampliación del plazo constitucional para presentar un detenido ante un juez.

Desde la tribuna, el diputado Damián Cepeda (PAN) cuestionó que la verdadera reforma no es la reducción del arraigo, sino que el objetivo real subyace en la ampliación del plazo para que una persona pueda estar a disposición del Ministerio Público antes de presentarla ante un juez.

Actualmente, el plazo es de 48 horas, con la posibilidad de ampliarlo por un mismo periodo; con la reforma, se conceden 72 horas adicionales.

El legislador del PAN alertó que dicha ampliación, como está redactada la reforma, no es sólo para la persecución de delitos de delincuencia organizada, sino para los considerados graves.

Por su parte el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, concluyó que la modificación es un engaño porque se mantiene el arraigo como una figura deleznable y violadora de derechos humanos, propia de dictaduras.